La Unión Europea es generosa en sus ayudas, pero castiga los patinazos con filosofía feudal. Asturias acaba de aceptar el pago de 660.118 euros (con once céntimos, que en eso la UE también lima fino) que la diplomática Bruselas califica de "corrección financiera" pero que es una multa en toda regla que tiene como protagonistas dos proyectos que se beneficiaron en su día de los fondos agrarios Feader sobre desarrollo rural. Dos casos típicos de fallos de control por parte del Principado, que ahora paga por ello.
Una resolución del pasado día 12 firmada por el presidente del Fondo Español de Garantía Agraria, Ignacio Sánchez Esteban, ponía fin a un proceso que se remonta a varias años atrás. Asturias acepta el error, no presentó alegaciones y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente admite el pago de la citada cantidad a través del mecanismo menos traumático: la compensación de esos más de 660.000 euros mediante deducción de futuras ayudas a Asturias de los fondos Feader. O sea, menos dinero europeo para la región.
La disposición fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado miércoles. El BOE desgrana estos días las "correcciones financieras" de Europa a distintas comunidades españolas. La banderilla a Canarias se acerca a los tres millones de euros, y a Andalucía llega a 1,2 millones. Algunas otras autonomías esperan con el corazón en un puño.
Se trata de fondos europeos agrarios, por los que Asturias recibe cada año una media de noventa millones de euros. La multa de 660.000 (algo más de un 0,6% del total) tiene su origen en dos proyectos en torno a los años 2006 a 2008. Eran tiempos de cambio en los despachos de la Consejería asturiana de Medio Rural. Hasta 2007, la socialista Servanda García, bajo cuyo mandato se concedió la subvención, que es sustituida -fruto del pacto de Gobierno- por Aurelio Martín (IU). El proceso se inicia en 2009. La UE determinó rechazar las cuentas de un proyecto en su totalidad, y de otro parcialmente.
O dicho de otra forma, un llagar de Siero que acabó adosando unos más que evidentes servicios de hostelería y una empresa de producción y comercialización de huevos y productos derivados en cuyo expediente se habían incluido facturas anteriores no previstas en el proyecto.
Los responsables devolvieron las ayudas. En el caso del llagar, 180.000 euros. Y en el caso de la empresa avícola, 118.000. En total, casi 298.000 euros. Asturias los recuperó, pero tiene que pagar a Europa más del doble de esa cantidad. Es el castigo, en ambos casos, por unos sistemas de control que fueron manifiestamente mejorables. El problema es que ese castigo cae, años después, sobre una Administración regional distinta a la de hace casi una década. Las cosas de palacio, van despacio; las de la UE, más.
Los dos proyectos formaban parte de una convocatoria por la que Asturias percibió algo más de cinco millones de euros, según datos facilitados por la Dirección General de Desarrollo Rural y Agroalimentación de la que es responsable Jesús Casas.
La cantidad global importa y mucho porque es la que, según la norma europea, marca la cuantía de la "corrección financiera", a partir de la relación entre el dinero total pagado por Europa y la cantidad a la que no se le da de paso.
En 2013 el escenario ha cambiado. Hasta esa fecha era la Administración central la que pagaba los errores de las autonomías y había alegría generalizada en la periferia. Un decreto de 5 de julio de ese año obliga a cada comunidad a apechugar con las posibles faltas de control de proyectos europeos en su territorio. La filosofía vale para todos los fondos, los agrarios y también las ayudas del Fondo Social y de los fondos Feder. Tan sólo en fondos agrarios las comunidades reciben al año unos 9.000 millones de euros.
