El consejero de Empleo del Principado, Francisco Blanco, ha emplazado hoy al Ministerio de Industria y a Enagás a iniciar el proceso para "legalizar" la regasificadora del puerto gijonés de El Musel después de que el Tribunal Supremo confirmase la sentencia que declaró que se construyó vulnerando la ley.
El fallo del Supremo desestima el recurso de casación presentado por Enagás y la Administración General del Estado contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Madrid, que anulaba la autorización para la construcción de la regasificadora del puerto gijonés debido a que incumplía la normativa que prohibía este tipo de instalaciones a menos de 2.000 metros de zonas habitadas.
En rueda de prensa, Blanco ha recordado que la tramitación de todo el proceso fue "estatal" y que fue el Gobierno central quien decidió la construcción del equipamiento gasístico con lo que el Principado está a la espera de hablar con el Ministerio y con Enagás "para ver cual es su planteamiento".
Según el consejero asturiano, buscar la fórmula para legalizar la instalación "parece lo más razonable" en lugar de plantearse una posible demolición de la planta dada la inversión que supuso -380 millones de euros- y las expectativas de futuro que tiene.
El Supremo ha considerado que, a la fecha de entrada en vigor de la ley que dejaba sin aplicación la exigencia de que las instalaciones fabriles insalubres o peligrosas se alejase 2.000 metros del núcleo más próximo de población, "el procedimiento administrativo" de la regasificadora "ya se había iniciado".
El fallo sostiene, por tanto, que "siendo el comienzo del proyecto anterior al 1 de enero de 2007", era de aplicación el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (RAMINP), que fijaba dicha distancia mínima.
El Supremo considera que la interpretación del TSJM "se encuentra justificada en atención a la singularidad concurrente en este caso, en el que en el momento de la solicitud formal de autorización existía una regulación diferente a aquella que se encontraba vigente".
Equo Asturias, partido en el que están integrados los Verdes de Asturias, los que iniciaron el contencioso administrativo contra la regasificadora, "se alegra de que por fin se haga justicia y pide que todas las personas implicadas asuman sus responsabilidades".
