La Consejería de Servicios y Derechos Sociales informará semestralmente a las familias de los residentes en geriátricos públicos de la cuantía que han abonado por su estancia, cuidado y manutención y de la deuda que han generado. Lo que no se han fijado son plazos ya que, según afirmó la consejera titular del área, Pilar Varela, se necesitan más medios técnicos y humanos para poner al día las liquidaciones y gestionar las certificaciones.
La falta de información está en el origen de la polémica suscitada a raíz de las reclamaciones de deudas a herederos de residentes que fallecieron en geriátricos privados. Cuantías que llegaron a superar los 70.000 euros.
La Consejera reconoció tanto en la Junta General del Principado como el pasado martes en la reunión con representantes de los grupos parlamentarios, que es necesario atender las reclamaciones de los usuarios en cuanto a conocer cuánto adeudan, y que se hará dos veces al año y no todos los meses, como llegaron a reclamar algunos afectados.
Pilar Varela pidió al resto de grupos parlamentarios tiempo, al menos dos meses, para estudiar si jurídica y económicamente es viable revisar todas las liquidaciones y expedientes desde el año 2011, cuando entró en vigor el copago. Según la Consejería, algunos residentes pudieron continuar con el contrato de hospedaje en vez de pasar al de copago de la Ley de la Dependencia, lo que hizo que su deuda sea más abultada. Los representantes de los grupos de la oposición reclaman que la revisión sea desde 2007, cuando se paralizaron las liquidaciones.
