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Alperi espera que la Fiscalía "ponga en claro" las imputaciones de la Guardia Civil

04.03.2016 | 02:29

"Sigue sin aclararse el origen de los 1,4 millones de euros que regularizó José Ángel Fernández Villa, los más de 300.000 que legalizó José Antonio Postigo y los 60.000 de la hija de éste", indicó ayer José Luis Alperi, secretario general del SOMA, tras declarar en calidad de testigo ante la juez del caso. Alperi indicó que los extremos del informe de la UCO no hacen más que corroborar los aspectos que ya dejó claros la auditoría externa encargada por el sindicato, y que puso la base de la querella que ahora se dirime en el Juzgado número 2 de Oviedo. "Hubo unas aportaciones que deberían haber ido a la organización y que no iban a la organización", aseguró el sindicalista. "Esperamos que la Fiscalía ponga en claro los extremos del informe y la auditoría", añadió. Lo que quiso dejar claro Alperi, que depuso durante casi una hora ante la juez Simonet Quelle Coto, es la voluntad de colaborar en la investigación.

Nuevo examen médico

El dirigente sindical se mostró satisfecho de que la magistrada haya solicitado el historial médico de Villa, con el fin de valorar si son necesarias nuevas pruebas médicas para determinar su imputabilidad, y si puede declarar y ser sometido a juicio, en caso de que fuese necesario. "Hay que valorar una segunda opción médica", indicó Alperi, cuyos letrados, Miguel García Vigil y Luis Llanes, presentaron días atrás la petición de un nuevo examen, ante la sospecha de que Villa pueda estar fingiendo una enfermedad mental y neurológica (depresión y demencia).

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