El Gobierno del Principado recibió ayer de la Junta General una doble invitación a reparar posibles daños a los herederos de ancianos fallecidos en geriátricos públicos a los que el organismo Establecimientos Residenciales de Ancianos (ERA) reclama miles de euros en deudas acumuladas durante la estancia. Dentro del edificio, todos los grupos parlamentarios le urgieron por unanimidad a "suspender" las liquidaciones mientras audita y revisa "de oficio", caso a caso, todos los expedientes de reclamación de débitos que ya han sido abonados por si procedieran devoluciones. Fuera, varias decenas de afectados protestaban contra el "fraude del ERA", contra los pasivos sobrevenidos sin aviso previo o contra la demanda de miles de euros de una deuda "ilegal, ilícita e inmoral". Porque "El ERA no era lo que era", decía una pancarta; porque el ERA, asentía otra, "se incauta de los ahorros de los ancianos" y "esto es igual que lo de Bankia", remataba uno de los afectados, Marcelino Laruelo.

En el hemiciclo, los grupos tuvieron que sudar el texto que finalmente se ganó el voto favorable de todos tras encontrar una redacción del gusto general. La moción, planteada por Podemos, abandonó la pretensión inicial de que la auditoría de la deuda del ERA fuera "externa", concluyendo que sería más eficaz efectuarla con los medios propios de la Administración, y cambió la expresión inicial sobre la "paralización" de las liquidaciones por una "suspensión" que vieron más aceptable jurídicamente. La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, advirtió esta semana de que no habría ni paralizaciones ni condonaciones.

Después de dar algunas vueltas, el texto salió adelante con una versión en la que los afectados, eso dijo el portavoz de la plataforma que los agrupa, Ángel Rodríguez, no ven más que "un primer paso" que no colma todas sus expectativas ni les deja "del todo conformes". Ellos pedían la auditoría externa y se mantienen "expectantes" ante la revisión que efectuará la Administración.

La diputada de Podemos Rosa Espiño defendió el texto tras criticar la "opacidad" del proceder del Gobierno por no informar de las cantidades totales adeudadas y remitiéndose a las palabras en las que "la propia Consejera admitía una nefasta tramitación en las liquidaciones del ERA" en el periodo objeto de conflicto. Espiño restó trascendencia al voto, que luego fue favorable, del PSOE, porque "no importa lo que voten", les invitó, "pueden sacar una ley para articular todo esto en ocho días".

La socialista Nuria Devesa agradeció la reversión de la auditoría externa, que "costaría un dineral a la Administración", adujo, y sin poner en duda que las reclamaciones de las deudas del ERA "son legítimas", ni que "la Administración debe recuperar el dinero", asumió que el sistema "es mejorable" y que es "la suspensión y la revisión de cada caso" el procedimiento más asumible. El PP sumó sus votos después de censurar con dureza, por la boca de Matías Rodríguez Feito, la gestión "opaca, manirrota y desgobernada" del ERA y que Podemos se hubiera "rajado en el último momento" por su renuncia a la auditoría externa. IU, que gestionó la consejería competente entre 2008 y 2011, también asintió tras rechazar que el origen del problema resida en "la mala fe de los gobiernos o en la perversidad del sistema".