"A mi padre le aplicaron la ley de dependencia de oficio y le hicieron pasar una valoración de dependencia sin estar nosotros delante". Es el relato de uno de los afectados por los casos de las facturas de los Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias que prefiere mantener su identidad en el anonimato.
"Tras el fallecimiento acudimos al ERA para cerciorarnos de que no se debía nada. Nos dijeron por activa y por pasiva que no había ningún tipo de deuda, por lo que nos despreocupamos del asunto", relató este afectado.
Pero cuatro años después de la muerte, en 2014, las circunstancias cambiaron. "Recibimos una notificación de que adeudábamos una cantidad cercana a los 13.000 euros, y que si no realizábamos el pago en los siguientes 30 días se le aplicaría un recargo del 30 por ciento", repasó.
Ante esta situación, la agraviada puso el hecho en conocimiento de sus abogados, quienes le aconsejaron "pagar y no reclamar". "Me dijeron que no merecía la pena meterse en juicios con la administración porque iban a eternizar el proceso y quizás nunca llegase a recuperar la inversión", sentenció, no sin antes afirmar que "si hoy en día tuviese la certeza de que iba a salir bien, iría hasta el final".
