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El Principado desoye un fallo sobre el pago a una funcionaria

La Administración se niega a abonar los atrasos avalados por la sentencia "porque no tiene dinero", denuncia la afectada

07.03.2016 | 01:44

La Administración del Principado se resiste a cumplir una sentencia judicial porque no tiene dinero. Al teléfono, Carmen García Vigil, funcionaria avilesina, escuchó esta respuesta con otras palabras cuando preguntó por qué no ha recibido el dinero correspondiente al año largo de atrasos que una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) obliga a que le paguen. El fallo, contra el que no cabe recurso, revoca la decisión del Principado de denegarle un puesto de gestora de Justicia y obliga a la Administración a abonarle los atrasos desde que la excluyó del proceso selectivo.

El nombramiento como gestora le ha llegado; el dinero de los atrasos, no. Cuando lo reclamó, un jefe de equipo le dijo de palabra y por teléfono -"no conseguí que lo hiciera por escrito ni me recibe el director general"- que "no hay partida presupuestaria para pagarlo ahora". Son 348 euros al mes desde el 19 de enero de 2015, la diferencia entre el salario del puesto que ocupaba antes, tramitadora, y el de gestora que desempeña desde que el TSJA avaló su capacitación para ejercerlo.

García Vigil, que está en el mismo caso de una compañera de la sección de Gijón de la Audiencia Provincial, trabaja en el Servicio Común de Actos de Comunicación y Ejecución (SCACE) de Avilés. Tiene por oposición título de oficial de la Administración de Justicia, pero desempeñaba en excedencia un trabajo de tramitadora, inferior en salario, desde que renunció al destino que le correspondía, en Ciudad Real. Cuando una baja liberó una plaza en Avilés, quiso optar a ella, pero el Principado denegó su solicitud al considerar que no tenía la titulación exigida para el puesto. Ella aprobó su oposición en una época en la que se accedía al cuerpo de oficiales con el bachiller superior, pero una modificación normativa posterior elevó el requisito formativo a una diplomatura universitaria.

Los tribunales han respaldado los argumentos de la trabajadora, reconociendo su derecho a trabajar como gestora con "los efectos económicos y administrativos procedentes" desde que se nombró a una interina en su lugar.

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