La defensa de José Ángel Fernández Villa, a cargo de la letrada Ana García Boto, había solicitado a la juez que instruye la querella contra el exlíder minero por apropiación, Simonet Quelle Coto, que el SOMA- UGT facilitase las agendas que su exsecretario general había tenido en el sindicato entre los años 2009 y 2012. En esas agendas habría anotado gastos que demostrarían que no se apropió de cantidad alguna y que éstos estaban avalados por el sindicato. Sin embargo, la juez considera que esta prueba "no se estima ni necesaria ni pertinente para el esclarecimiento de los hechos que están siendo objeto de instrucción".

La juez considera que ya se ha recibido declaración en calidad de testigo a María del Carmen Blanco, que fue secretaria de José Ángel Fernández Villa entre 1980 y 2012, "respecto a la que las partes efectuaron las preguntas que estimaron pertinentes en la declaración testifical, sin que en ningún momento se hubiese preguntado acerca de la existencia ni de tales agendas ni del posible contenido de las mismas, y sin que se pueda determinar de tal declaración la necesidad de tal aportación a las actuaciones como en su día interesaba la defensa". Añade la juez que admitir la petición, "solo puede conducir a una dilación del procedimiento".

En cualquier caso, Villa podría solicitarlo al tribunal que vaya a juzgarlo. Según señala la magistrada en un auto dictado el jueves de la semana pasada, "nada impide que no pueda instarse su práctica para la fase de plenario para que el órgano competente para el enjuiciamiento resuelva lo procedente acerca de su pertinencia o no". Y abunda aún más señalando que "debe de ser el juez instructor el que ha de rechazar la práctica de pruebas o diligencias de investigación que sean impertinentes, inútiles, dilatorias o intranscendentes a lo que es la fase de instrucción, pues el instructor no esta obligado a practicar todas las que las partes propongan ya que puede repeler las que considere inútiles o perjudiciales".

La juez sí acuerda conceder otra de las peticiones de la defensa de Villa, que el SOMA remita las actas de la junta administradora y los consejos de administración del sindicato entre los años 2012 y 2014. La juez considera que "tal diligencia interesada se refiere a cuestiones de absoluta trascendencia para el esclarecimiento de los hechos y se estima pues pertinente y necesaria a los fines de la presente investigación". El problema es que, según los letrados del SOMA -Miguel García Vigil y Luis Llanes-, esas actas ya han sido remitidas al Juzgado con anterioridad, por lo que esta solicitud no añadiría más información de la que ya se encuentra en las actuaciones.

La juez está a la espera de que se le facilite el historial médico de José Ángel Fernández Villa, para valorar si es necesario realizarle un nuevo examen para determinar si es imputable. El SOMA considera que el informe del área de Neurología y el realizado por los forenses judiciales no es en absoluto concluyente.