El atasco asturiano de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) ha llevado a algunos conductores asturianos a cambiar de provincia huyendo de las demoras del servicio en el Principado, variable según las estaciones, de hasta dos meses en la cita previa. Usuarios y personal dicen haber sido testigos de los desplazamientos más allá de los límites de la región de automovilistas que buscan la comodidad de una cita que ayer era posible conseguir en Foz (Lugo) o Unquera (Cantabria) para hoy o mañana. En León, en el mismo día.
Cruzan las fronteras aunque les salga más caro, porque Asturias, con Andalucía la única región que mantiene la gestión del servicio íntegramente en manos de una empresa pública, es también la tercera más barata de España, sólo por delante de Extremadura y Navarra. La ITV para un turismo diésel que pague en el Principado 28,10 euros sin IVA ni tasa de tráfico, sube a más de 35 en Galicia y a cuarenta en Cantabria, lejos aún de los 44 de Madrid, la comunidad más cara, la que más ha liberalizado el servicio y la única que ha renunciado a regular las tarifas. El precio está en contra, pero influye a favor además de la disponibilidad -ayer, en Unquera daban cita para mañana; hoy era posible pasarla en Foz- y la flexibilidad. Asturias también es la región española con la ITV más estricta -con un 33,9 por ciento de rechazos en el último dato disponible, el de 2014-, mientras en Cantabria suspende el examen un 18,8 por ciento de los vehículos presentados y en Galicia un 25,9.
El cambio de provincia para pasar la revisión del coche es un gesto con más enjundia de la que parece en un mercado territorialmente divergente. Según el escudo de comunidad autónoma que lleve impreso, la pegatina de la ITV oculta la apuesta por un modelo u otro de explotación. En Asturias lo lleva una empresa pública sujeta a restricciones legales para contratar; en Cantabria y Galicia, concesionarios privados que suben el precio pero agilizan el trámite de citas y tienen tendencia a flexibilizar el análisis.
Un vuelo rasante por España a la búsqueda de los patrones administrativos concluye abriendo una extensa casuística de sistemas en la que la gestión ha dado muchas vueltas y sólo sigue siendo plenamente pública en Andalucía y Asturias. El resto de las comunidades autónomas, la mayoría, ha optado por la gestión en manos de empresas privadas atendiendo a fórmulas que divergen en cuanto al grado de control que sobre ella se reserva la Administración. El modelo más extendido, el preferido por diez autonomías, opta por la encomienda de la inspección a una empresa que queda sujeta a las condiciones de un contrato con la Administración. La alternativa más liberalizadora, la de Madrid y otras cuatro regiones, permite instalarse y prestar el servicio a cualquier operador que cumpla los requisitos establecidos.
Privatizar
Como quiera que Andalucía probó en una época también la versión privada, el Principado es la única autonomía que ha mantenido las ITV siempre en manos públicas. Lo ha hecho incluso resistiéndose a los intentos en sentido contrario planteados por el PP en la Junta y reafirmándose por última vez todavía la semana pasada, cuando una interpelación del diputado de Foro Pedro Leal llevó a la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, a confirmar que "este Gobierno apuesta por una empresa pública que dé un buen servicio en calidad y precio. Ustedes son más partidarios de la privatización". Carcedo no perdió la ocasión de recordar entonces que Itvasa, la empresa pública que gestiona las inspecciones, "tiene beneficios y como tal aporta al presupuesto autonómico".
Tanto el Gobierno regional como la empresa concesionaria han reconocido la anomalía de las demoras, que han justificado por la triple concurrencia de un incremento de la demanda, de una reforma normativa que requiere dedicar más tiempo a cada vehículo y de las restricciones legales para que la empresa pública contrate personal.
