El Constitucional corrige la reforma local y autoriza los servicios sociales municipales

Los magistrados dan la razón, en parte, al recurso de Extremadura

09.03.2016 | 02:19

El Tribunal Constitucional desdice parte de la reforma local impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy y da luz verde a que los ayuntamientos puedan prestar servicios sociales, previo acuerdo con las administraciones autonómicas. La sentencia, que da la razón a un recurso presentado por la Asamblea de Extremadura, ha sido recibida con satisfacción tanto por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) como por el Principado, que también tiene formalizado un recurso contra la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

El Pleno del Tribunal Constitucional acordó por unanimidad declarar inconstitucionales algunos preceptos que invaden competencias autonómicas. La sentencia, hecha pública ayer, da validez a la atribución de servicios de asistencia social por parte de las comunidades autónomas a los ayuntamientos, en contra de la normativa que recogía la reforma local del PP y que, por ahora, estaba en suspenso a la espera de la definición del nuevo sistema de financiación autonómica. La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, calificó de "muy positiva y clarificadora" la sentencia del Constitucional porque reconoce que los servicios sociales "son competencia de las comunidades autónomas, que tienen la capacidad para regular las relaciones con los ayuntamientos". El fallo recoge literalmente que "en materia de competencia autonómica, sólo las comunidades autónomas pueden atribuir competencias locales o prohibir que el nivel local las desarrolle".

Varela hizo hincapié en que la norma regional de Servicios Sociales ya establecía que la atención básica correspondía a los ayuntamientos mientras que la atención especializada dependía del Principado. En términos económicos, la sentencia del Constitucional supone un ahorro para el Principado de, al menos, 24 millones de euros, cantidad que aporta el conjunto de los ayuntamientos asturianos al Plan Concertado de un total de 50 millones y en el que la administración regional pone 26 millones y la estatal alrededor de 800.000 euros.

Las otras dos disposiciones anuladas por el Constitucional son la supresión de entidades locales menores cuando no presenten sus cuentas a la Comunidad Autónoma o al Estado y la retención de partidas económicas a los autonomías que incumplan sus obligaciones de pago con los entes locales. Para Abel Caballero, presidente de la FEMP, la sentencia "avala la defensa del municipalismo". Cerca de 3.000 ayuntamientos de toda España recurrieron esta normativa, que también recibió alegaciones de gobiernos y parlamentos de Asturias, Andalucía, Cataluña, Canarias y Navarra. Adriana Lastra, secretaria de Política Municipal del PSOE, defiende que la sentencia supone "un claro rechazo a la reforma local del PP que queremos derogar más pronto que tarde".

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