Más problemas para la Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo (Sogepsa), en preconcurso de acreedores y con una deuda cercana a los 150 millones. La Comisión Europea (CE) ha advertido al Gobierno regional de que las investigaciones en marcha sobre el modelo de gestión de la entidad en lo que atañe a su parte privada -integrada por varias constructoras asturianas que suman el 42% del capital social- determinan que no cumple los requisitos del Derecho europeo de libre prestación de servicios y de contratos públicos. Además, según reconoció ayer Belén Fernández, consejera de Ordenación del Territorio y presidenta de Sogepsa, Bruselas ha rechazado la primera alternativa propuesta por el Principado para adaptarse a la legalidad comunitaria, consistente en vender parte del accionariado para garantizar la presencia de un puesto en el consejo de administración de la sociedad.
Lo que la Comisión Europea plantea ahora -de acuerdo con las explicaciones dadas ayer por Belén Fernández en la Junta- es que Sogepsa seleccione a su accionariado privado "con transparencia y respeto a la libre competencia", para todas y cada una de las encomiendas que reciba. "Los matices los abordaremos en una reunión que mantendremos de manera inminente con los responsables de la Comisión, ya que queremos ir de la mano con ellos para poder adaptar a Sogepsa a la normativa comunitaria con éxito", subrayó la Consejera.
La Comisión Europea abrió en julio de 2014 un procedimiento de infracción sobre Sogepsa al entender que en el momento de su fundación, hace 32 años, la selección de los socios privados no se realizó mediante un procedimiento en el que se respetara la libre concurrencia ni los principios de competencia, transparencia, igualdad de trato y no discriminación. Bruselas apunta que fue la Confederación Asturiana de la Construcción la encargada de promover y coordinar entre sus socios ese proceso de suscripción de acciones, con lo que solo las empresas de la región han podido acceder a "las actividades económicas derivadas de las obras de urbanización cubiertas por el objeto social de Sogepsa", quedando excluidas las compañías de otras regiones o países, así como firmas de sectores económicos diferentes. La Comisión sostiene que esta situación choca de plano con el artículo 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (UE), que establece que "quedarán prohibidas las restricciones a la libre prestación de servicios dentro de la Unión". A partir de ahí, emplaza al Principado a adaptar su ordenamiento jurídico al tratado comunitario.
Se trata, en definitiva, de ajustar la legislación asturiana en materia de sociedades urbanísticas de capital mixto al Derecho de la UE, acabando con las restricciones que se derivan de la condición de promotor exclusivo de operaciones de Sogepsa cuando se da la circunstancia de que sus accionistas fueron elegidos sin respetar los principios de transparencia.
Más reclamaciones
Durante una comparecencia en la comisión de Infraestructuras de la Junta centrada en la situación de Sogepsa y en la sentencia que le obliga a pagar más de 9 millones a la UTE del polígono de Bobes, Belén Fernández reconoció que Sogepsa también afronta una reclamación económica por la liquidación de las obras del polígono de Lloreda, el otro gran complejo industrial que asfixia a la entidad. Sin embargo, por más que insistió el diputado popular José Agustín Cuervas-Mons, la Consejera se negó a facilitar su cuantía, ni siquiera aproximada.
Fernández también reconoció que las previsiones incluidas en el plan de viabilidad de la sociedad no se han cumplido en 2015 y que todo hace indicar que tampoco lo harán este año.
