Asturias plantea un cambio legal que deja a Sogepsa sin privilegios, como exige la UE

Bruselas asegura que su objetivo es "alcanzar una solución satisfactoria" para "evitar una fase contenciosa" que podría desembocar en sanciones

10.03.2016 | 04:05
Una manifestación de expropiados por Sogepsa.

El Gobierno regional plantea una modificación del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo (TROTU), aprobado en 2004, con el objetivo de ajustar el funcionamiento de la parte privada de la Sociedad de Promoción y Gestión del Suelo (Sogepsa) al Derecho de la Unión Europea, tal y como le exige Bruselas. Este cambio legal, que ya ha sido objeto de dictamen por parte del Consejo Consultivo del Principado, permite que la sociedad mixta concurra en el mercado en condiciones de igualdad con el resto de operadores y que todas las encomiendas de actuaciones residenciales o industriales de la Administración autonómica salgan a concurso público y abierto a empresas de todos los países de la Unión, cumpliendo así los requerimientos de Bruselas.

A raíz de varias denuncias de contratistas que no pertenecen a Sogepsa, la Comisión Europea (CE) abrió el 10 de julio de 2014 una carta de emplazamiento a España. En ella exige que la sociedad mixta -participada mayoritariamente por el Principado, pero con el 42% del accionariado en manos de constructores de la región- se adapte a los principios comunitarios de libre concurrencia. No se estarían cumpliendo porque el accionariado privado no se seleccionó con "transparencia" en el momento en que se constituyó la entidad, hace ya tres décadas y antes de la adhesión de España a la UE.

Para tratar de cumplir con Bruselas, el Gobierno regional promovió en primer lugar una modificación de los estatutos de Sogepsa que facilitaba la entrada en su capital social a cualquier operador. Sin embargo, la Comisión no se dio por satisfecha, al entender que, además de la apertura de la entidad a otros socios, es necesario que cada encomienda de un proyecto urbanizador sea con licitación pública. Y garantizando que Sogepsa no lleve ventaja.

Esta exigencia de Bruselas llevó al Gobierno regional a promover un anteproyecto de ley de modificación del texto refundido de su normativa urbanística, que cuenta con un dictamen del Consejo Consultivo fechado el 12 de marzo de 2015. Según fuentes conocedoras del caso, este cambio legal resulta complejo, pero imprescindible para que Sogepsa, en situación de preconcurso de acreedores desde finales del mes pasado, pueda adaptarse al Derecho comunitario.

Vía administrativa

El proceso europeo continua en la fase administrativa, que es la previa a la contenciosa en el caso de que no se normalice la situación de Sogepsa dentro del plazo que acabe fijando Bruselas. Si hay incumplimiento, la Comisión presentaría una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión, lo que podría dar lugar a fuertes sanciones económicas.

En una comunicación remitida recientemente a la plataforma de afectados por las expropiaciones de Sogepsa en la Magdalena (Avilés), la Comisión informa de que el procedimiento "se encuentra aún en fase de instrucción" y asegura que su objetivo es "evitar, en la medida de lo posible, la incoación de la fase contenciosa". Bruselas reconoce que existe una carta de emplazamiento sobre Sogepsa desde el 10 de julio de 2014, pero advierte de que "a día de hoy, no se ha adoptado ninguna decisión formal ulterior en cuanto al archivo del expediente o a la continuidad del procedimiento de infracción".

Sogepsa atraviesa la fase más crítica de sus 32 años de historia. Y es que a las exigencias que le plantea Europa se une una situación económica de lo más delicada. Con una deuda cercana a los 150 millones, la sociedad ha entrado en preconcurso de acreedores al no poder hacer frente a una sentencia que le obliga a pagar algo más de nueve millones de euros a la UTE encargada de urbanizar el polígono de Bobes.

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