"La actuación de la Comisión Europea pone fin al funcionamiento opaco de Sogepsa y, por su parte, el Principado ya no podrá nunca más adjudicar a dedo sus proyectos urbanísticos". Esta es la valoración que hace Miguel García, portavoz de la plataforma de afectados por las expropiaciones realizadas por Sogepsa en La Magdalena (Avilés), respecto a las exigencias que plantea Bruselas para que la sociedad mixta adapte su funcionamiento a los criterios comunitarios de libre concurrencia y transparencia. Además, García adelanta que, por lo que se refiere a los vecinos con terrenos expropiados, Europa abre la puerta a la reclamación de indemnizaciones por "ocupaciones indebidas" de los solares.
"De acuerdo con lo que nos dicen nuestros abogados y una vez consultada la jurisprudencia, desde La Magdalena estamos dispuestos a reclamar una indemnización de 2,5 millones de euros, cantidad que llegaría a diez millones si se le suma lo que pedirán los afectados de Bobes", añade Miguel García.
El representante de los afectados por las expropiaciones de La Magdalena considera que el Principado "vulneró las directivas comunitarias al adjudicar sin concurso público actuaciones residenciales, cuando tiene en su accionariado socios privados". Es más, para Miguel García el "Gobierno del Principado creó una legislación ad hoc para dar cobertura a las adjudicaciones a dedo". El portavoz vecinal lamenta que tanto la Administración autonómica, como la propia Sogepsa o, en su caso, el Ayuntamiento de Avilés, "hayan hecho oídos sordos y mirado para otro lado ante las denuncias presentadas en Bruselas" y que, según destaca, "están demostrando que teníamos la razón".
