Paciencia. El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno del Principado hace ver a sus socios de investidura que aún "estamos en el primer año de una legislatura de cuatro", que para el Ejecutivo los acuerdos con IU que hicieron presidente a Javier Fernández tienen valor de "obligación" y que allí donde la coalición identifica un balance de cumplimiento desigual por el impacto de la prórroga presupuestaria sostiene el Gobierno que "se está dando impulso a todas las cuestiones pactadas". Guillermo Martínez garantiza que "hacemos un seguimiento continuo del desarrollo" del convenio y, un paso más allá, que no imagina "otro escenario que no sea el de cumplir los compromisos pactados".

Para tener una prueba, el Consejero incluye entre la parte del acuerdo que atañe a la regeneración democrática el primer peldaño que ayer subió el proyecto de ley de participación ciudadana. Como prólogo, anunció, se elaborará un Libro Blanco en la materia que pretende ser presentado en el segundo semestre de este año y que se plantea con el propósito de elaborar "un diagnóstico exhaustivo de las herramientas de participación que hay en Asturias, identificar buenas prácticas y recabar propuestas de acción". Entre sus concreciones prácticas se incluye la confección de "un registro público de la actividad de los lobbies o grupos de presión" en la región.

Estos organismos y personas, precisa Martínez, "se dedican a influir en la elección de las políticas públicas y su regulación es una práctica habitual en Europa y Estados Unidos". Se trata, concreta, de ordenar, a imagen de la normativa europea y mediante cauces oficiales, el acceso de cualquier grupo que por interés empresarial o de otra índole "intente intervenir en el cambio de determinadas políticas o hacer propuestas de mejora". En opinión del Consejero, Asturias se sitúa así a la vanguardia de España en materia de participación, toda vez que sólo Cataluña cuenta con un mecanismo de estas características, únicamente el País Vasco tiene un Libro Blanco como el que prepara Asturias y solamente Canarias ha desarrollado una norma específica de participación ciudadana.

Entretanto, el Gobierno confía en tener acabado este mes el texto definitivo de su ley de Transparencia y Buen Gobierno, cuyo periodo de información pública expira mañana.