La Consejería de Servicios y Derechos Sociales ha paralizado ya las liquidaciones por las deudas con los geriátricos desde el año 2007, pero sólo aquellas afectadas por la ley de Dependencia, que serán sometidas a revisión. La Federación de asociaciones de familias de residentes en establecimientos residenciales públicos afirmaron ayer que "nadie se niega a pagar, pero lo que es justo y que se aplique la ley de Dependencia a todo el que tenga derecho". También reclamaron mejoras en la atención a los residentes en geriátricos y una mayor profesionalización y control sobre los trabajadores.

Fuentes de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales explicaron ayer que "se trabaja desde el primer día para cumplir con la moción transaccional aprobada por unanimidad en el Parlamento asturiano" la semana pasada. Ya entonces se trasladó al organismo Establecimientos Residenciales de Ancianos (ERA) la orden de no girar las liquidaciones afectadas por la revisión de oficio que va a realizar el Principado.

Las revisiones se harán desde el año 2007, y no desde 2011 como se había planteado inicialmente. Pero las mismas fuentes matizaron que "se realizarán sobre aquellos expedientes afectados por la entrada en vigor en 2007 de la ley de Dependencia".

Es decir, se volverán a comprobar los contratos de los residentes en geriátricos públicos para verificar si los que tenían reconocido algún grado de dependencia habían pasado a ese régimen o continuaban con el contrato de hospedaje, que es más caro.

La Consejería explicó que desde el mismo momento en que la Junta General del Principado aprobó la moción, además de paralizar las liquidaciones se inició la planificación del trabajo para iniciar las revisiones. De hecho, ya se mantuvo una reunión con el Ente Tributario del Principado para que se ponga en marcha el mecanismo que permita conocer las consecuencias legales y económicas de las revisiones.

La Federación de asociaciones de familiares de usuarios de residencias públicas mantuvo el pasado jueves una reunión con la directora del ERA, Graciela Blanco, para conocer de primera mano las medidas que va a adoptar el Principado y trasladarle sus reclamaciones.

"Esta federación no ha dicho en ningún momento que no se quiera pagar la deuda. Lo que decimos es que no haya distinciones y que se expliquen las cuentas claramente. Que se aplique la ley de Dependencia a todo el que tenga derecho y que se diga cuánto supone de descuento respecto del contrato de hospedaje. Todos tenemos que pagar, pero que se revisen bien los expedientes y que todos sepamos cómo han hecho los números y qué beneficios tiene ser dependiente", dijo José López, vicepresidente del colectivo.

También remarcó que Blanco se había comprometido a que cada seis meses se enviará información a las familias de lo que se abona y la deuda que se acumula, tal y como ya había anunciado la Consejera, Pilar Varela.

Pero los familiares de los residentes aprovecharon el encuentro para ir aún más allá y exigir mejores condiciones, atenciones y servicios para los actuales usuarios. "Ahora está todo el mundo tan centrado en el conflicto de la deuda que se nos olvida que hay mayores que están en las residencias y que necesitan que mejoren las condiciones de atención", indicó López. Y añadió que "hace más de seis años que estamos pidiendo una mayor profesionalización y control sobre los trabajadores, para evitar conflictos como los que ya se han vivido en alguna residencia". En este sentido, la federación reclamó al Principado "que se escuche a los familiares y las propuestas que hacemos: queremos participar en el bienestar de nuestros mayores".