La Unión de Guardias Civiles (UniónGC) propuso hace un par de años a la Dirección General de la Guardia Civil que cada agente pudiera adquirir su EPI (Equipo de Protección Individual, o chaleco antibalas) adelantando el coste, a cambio de que se le devolviera el importe. La propuesta fue rechazada.

Muchos agentes fueron adquiriendo chalecos antibalas para uso personal y adaptados a su morfología, con un gran desembolso. Según UniónGC, la propia Guardia Civil prohíbe ahora el uso de esos chalecos adquiridos individualmente, amparándose en que pueden no estar homologados y obligándoles a usar los oficiales, "comunitarios y de dudosa higiene". UniónGC propuso que el coste de la privatización de la vigilancia de la prisiones (33 millones) se destinase a chalecos individuales.