El Parlamento asturiano ha aprobado hoy por unanimidad una moción presentada por el PP en la que se pide el cumplimiento de la sentencia del Supremo que ratifica que la regasificadora de El Musel se construyó incumpliendo la ley, aunque el debate ha dejado patente discrepancias en cuanto a su posible demolición.
De hecho, la diputada popular Emma Ramos se negó a incluir en su iniciativa una enmienda presentada por Ciudadanos en la que se pedía la inclusión de un punto en el que quedase claro que el pleno de la Junta General del Principado quería una solución técnicamente viable y ajustada a la legalidad que evitase, en cualquier caso, la demolición de la regasificadora gijonesa.
La parlamentaria popular señaló que esa cuestión se daba por sobrentendida en su moción, por lo que se negó a incluirla, al igual que rechazó que sus tres puntos se votasen de forma separada, "porque el PP defiende Asturias", fue su explicación.
La votación por puntos había sido solicita por los socialistas que finalmente, y para sorpresa de los populares, apoyaron finalmente toda la moción.
En la iniciativa, además de pedir el cumplimiento de la sentencia del Supremo, se insta al Gobierno a que garantice la seguridad de la población adyacente a la regasificadora y a que exija "responsabilidades políticas a las personas que concedieron la autorización para la instalación de la regasificadora en contra de la legalidad vigente en el año 2006".
Antes de esa votación, la portavoz popular había asegurado que este proyecto fue fruto de la "obcecación política" de los socialistas y del Gobierno de Vicente Álvarez Areces que se empeñaron en construir una planta que no estaba planificada a nivel nacional.
Ramos también criticó al Gobierno por mantener que la planta es legal, aunque carezca de licencia, y le pidió que aclarase si cuando se inició el proceso en 1999 hubo informes desfavorables a su ubicación por estar a menos de dos kilómetros de Gijón.
Desde Ciudadanos, Luis Armando Fernández, señaló que no podían más que estar de acuerdo con el contenido de la iniciativa del PP, si bien mostró su sorpresa porque los populares no quisieran dejar claro que hay que evitar la demolición de la planta.
"Ni Asturias ni Gijón pueden permitirse perder esta infraestructura, y en ningún caso la demolición", ha afirmado el diputado de C's, para quien es una obra estratégica que debe salir adelante.
La portavoz de Foro, Cristina Coto, también reiteró la necesidad de que se ponga en marcha esta infraestructura en la que, según dijo, se han invertido 418 millones de euros.
No obstante, fue muy crítica con la gestación inicial del proyecto y, al igual que los populares, exigió al Gobierno que aclare si hubo informes técnicos en contra del proyecto y si éstos se escondieron en algún cajón ante el afán gasificador de Álvarez Areces.
El diputado de IU Ovidio Zapico, también señaló que Asturias no debe renunciar a esta instalación y que es preciso buscar el aprovechamiento de esta instalación, desde el respeto a la sostenibilidad del medio ambiente y a la sentencia del Supremo.
Por contra, el diputado de Podemos Héctor Piernavieja , trasladó su "alegría" porque el PP no hubiese aceptado la enmienda de Ciudadanos en contra la demolición de la planta y advirtió de que las infraestructuras no pueden estar por delante de la gente.
"Si hay que demoler habrá que demoler", incidió el diputado de Podemos, tras señalar que en este país las regasificadoras están infrautilizadas y que la de El Musel "es algo más que 382 millones de pufo para los asturianos, es un símbolo de la serie de catastróficas desdichas que ha supuesto el arecimsmo para Asturias y de lo que significa gobernar para los socialistas".
No obstante, el portavoz socialista Jesús Gutiérrez, negó que los socialistas gobiernen con irresponsabilidad por defender una regasificadora, al igual que hacen con las de Bilbao o El Ferrol los gobiernos de Galicia y el País Vascos.
Gutiérrez también mostró su sorpresa por la negativa del PP a recoger expresamente que están en contra de la demolición y advirtió de que la sentencia del Supremo no habla en ningún momento de que haya que derribarla o que no se pueda dar licencia de funcionamiento.
"Lo que obliga es a corregir los defectos formales en la tramitación y lo deben hacer Enagás y el Ministerio de Industria y se conseguirá si hay voluntad política", ha concluido.
