El Principado se niega a suspender las deudas con los geriátricos

El Gobierno alega que el aumento de costes pone en riesgo las residencias

23.03.2016 | 04:22
Pilar Varela, consejera de Servicios Sociales.
Pilar Varela, consejera de Servicios Sociales.

El Consejo de Gobierno ha comunicado a la Mesa de la Junta General su disconformidad con la proposición de ley impulsada por Podemos para que se suspendan las liquidaciones de las deudas que el Principado está reclamando a los herederos de usuarios fallecidos en los geriátricos públicos en los últimos cuatro años. El Ejecutivo regional sostiene su oposición, que no es vinculante, en que ya se han adoptado las medidas propuestas, pero además eliminar esos pagos supondría un coste para las arcas públicas que pondrían en riesgo el sistema de Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA).

La Consejería de Servicios y Derechos Sociales ya dio orden el pasado día 4 de que se paralizara la tramitación de los expedientes para revisarlos de oficio y valorar jurídica y económicamente la situación real de cada uno de ellos y su impacto en las cuentas públicas. También se pidió a los Servicios Tributarios del Principado que anulara y diera de baja las reclamaciones por vía ejecutiva y que devolviera los expedientes para volver a analizarlos.

Estas medidas respondían a una enmienda transaccional aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos con representación parlamentaria, y son las mismas que figuran en la proposición de ley tramitada por Podemos.

El Gobierno entiende que dicha proposición ya no tiene sentido una vez que se están ejecutando las medidas propuestas. Pero además, suspender o anular definitivamente estas liquidaciones supondría un incremento de costes para el ERA que no podría soportar.

Según el Ejecutivo, los presupuestos vigentes, que son prorrogados, no contemplan ningún incremento de la partida destinada a este organismo, ni para afrontar costes de personal, ni de material ni de funcionamiento. Si a la prórroga presupuestaria se suma la contención del gasto a la que está sometida la Administración regional, el resultado es que se pone en riesgo el sistema de residencias públicas.

El Consejo de Gobierno debe, por ley, manifestarse sobre la proposición no de ley y su "no conformidad" se sustenta básicamente en los criterios económicos. Las fuentes consultadas indicaron que al no ser vinculante, es previsible que la proposición de ley de Podemos se someta igualmente a votación en la Junta General del Principado.

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