El Gobierno regional confía en no tener que pedir a la Junta General créditos extraordinarios ni suplementos de crédito en todo el año. Esa es la previsión que maneja, por ahora, la consejería de Hacienda, según confirmó ayer su titular, Dolores Carcedo, al presentar los dos primeros proyectos de ley para afrontar la prórroga presupuestaria. El Ejecutivo espera que la liquidación favorable a las arcas del Principado del año 2014, de más de 157 millones de euros, sea suficiente para afrontar las necesidades adicionales que puedan presentarse a lo largo del año en la sanidad pública o el salario social, dos de los capítulos en los que suele haber más desfases respecto a las previsiones presupuestarias.
La presentación de leyes de crédito extraordinario o suplemento entrañaban para el Gobierno regional un escenario de riesgo dada su posición de minoría en el parlamento autonómico. Con el rechazo seguro del PP y Foro y el previsible de Ciudadanos y, sobre todo, de Podemos, el Gobierno socialista se vería abocado a una más que posible derrota en las votaciones que daría al traste con los proyectos de ley y, lo más importante, frustraría la posibilidad de obtener recursos adicionales para afrontar la prórroga presupuestaria.
La consejería de Hacienda recibirá en julio la liquidación positiva correspondiente al ejercicio de 2014, cuya cantidad definitiva no se conocerá hasta junio aunque la estimación inicial, avanzada por el Ministerio meses atrás, es de más de 157 millones. El departamento de Dolores Carcedo ya envió en enero pasado un escrito al Ministerio pidiendo un adelanto para el Principado a cuenta de esa liquidación pero no ha recibido respuesta en sentido afirmativo ni tampoco negativa.
Carcedo confirmó la aprobación en el Consejo de Gobierno de los dos primeros proyectos de ley de la prórroga, uno de medidas financieras y gestión presupuestaria, que incluye las ayudas sociales a pacientes hemofílicos que desarrollaron hepatitis C tras recibir tratamientos en la sanidad pública; esta ley incluye el Fondo de Cooperación Municipal, que repartirá 6 millones entre los 72 ayuntamientos de menos de 40.000 habitantes. La segunda ley incluye medidas retributivas de la función pública como la subida del sueldo del 1% a los empleados públicos y la congelación del segundo tramo de la carrera profesional, una decisión muy criticada por los sindicatos y que la consejera justificó en "las limitaciones económicas".
