El director general de Vivienda y una alta funcionaria de la consejería de Servicios y Derechos Sociales son investigados por presunta prevaricación administrativa en la adjudicación de un piso de alquiler en Candamo.
El juzgado de instrucción número 1 de Oviedo ha citado a declarar en calidad de investigados (denominación que recibe ahora el antiguo imputado) al director general de Vivienda, Fermín Bravo, y a una jefa de servicio de la Consejería que aparece en el expediente objeto de investigación, referente a la adjudicación de un piso en Grullos (Candamo). Ambos estaban recién nombrados cuando se produjo esa resolución, aunque el expediente se remonta a cuatro meses atrás, es decir antes de su llegada a esos puestos. La citación se produce a raíz de una denuncia formulada por la Fiscalía, tras las diligencias practicadas después de que una familia de Candamo presentara un escrito donde exponía irregularidades en la adjudicación de un piso de alquiler.
Los hechos que investiga el juzgado de Oviedo arrancaron en abril de 2015 cuando una familia solicitó un cambio de piso en el mismo edificio en el que ya residían, con el argumento de que había aumentado el número de miembros. La vivienda de Vipasa llevaba libre varios meses pues su adjudicación había quedado desierta en diciembre de 2014. La comisión de valoración, formada por funcionarios, se reunió el 14 de mayo pero la familia no recibió comunicación alguna hasta finales de septiembre, cuando la dirección general de Vivienda envió una resolución, "modificada por tippex en el encabezamiento y con el registro de salida modificado", según la denuncia presentada al juzgado, en la que se denegaba el cambio con la justificación de que la vivienda solicitada no existía. Con anterioridad a esta notificación, la Consejería había vuelto a sacar la adjudicación del citado piso sin haber resuelto antes el expediente de solicitud de cambio. Tras este recorrido burocrático, la familia de Candamo recurrió la resolución que rechazaba su solicitud y tuvo por respuesta una segunda negativa, firmada por el director de Vivienda, donde se reconocía que reunían los requisitos para acceder al piso de alquiler.
El siguiente paso de la familia solicitante fue ir a la Fiscalía, que tras un examen de la documentación denunció ante el juzgado de instrucción de Oviedo tanto al director general de Vivienda como a la jefa de servicio. La Fiscalía de Avilés concluyó que la resolución de la Consejería "es contraria a derecho" porque en la fecha de la primera comisión de valoración el piso "estaba libre y pese a reunir la solicitante lo requisitos legales para el cambio no se dictó resolución alguna". Para la Fiscalía "resulta patente y clamoroso que a fecha de 14 de mayo no se dictase resolución alguna pese a requerir el solicitante los requisitos de cambio o en caso contrario se requiriese a la parte documentación a fin de justificar su solicitud".
La explicación del director
El director de Vivienda precisó ayer a este periódico que firmó esa resolución "a los dos días de estar en el cargo" y que el citado expediente "estaba informado por los funcionarios del Principado y tenía su origen en varios meses atrás". La Fiscalía además de pedir las declaraciones de los dos imputados ha abierto la puerta a otras personas que deriven de las anteriores.
