La peor cara de la crisis láctea está todavía por llegar. El Gobierno de España prevé para los próximos años el cierre de otras 5.000 explotaciones ganaderas, debido al imparable aumento de la producción mundial. Este incremento, visible desde la desaparición de la cuotas el pasado 1 de abril de 2015, genera una caída de precios y en consecuencia el cierre de las cuadras más débiles. La Administración central reconoce que el goteo irá a más hasta quedar las ganaderías de leche reducidas a unas 10.000 o 12.000 en todo el país, frente a las 16.000 actuales.

"Yo creo que en el transcurso de cinco o seis años podemos situarnos en el entorno de las 10.000 explotaciones. Si este período de volatilidad dura poco a lo mejor el progreso hacia esa cifra es más lento. Pero si dura mucho probablemente alcanzaremos esa cifra más rápido", explica Fernando Miranda, director general en el Ministerio de Agricultura. Un balance similar hizo este mes el director general de Desarrollo Rural y Agroalimentación del Principado, Jesús Casas, quien animaba a los productores locales a transformar su producción para darle mayor valor añadido.

En 2015, la obtención de leche aumentó en España en torno a un 4%, y aún más en el resto de Europa. Por otra parte, el consumo no aumenta y el veto ruso continúa, anulando una importante vía de salida para las exportaciones. Esta inestabilidad se refleja también en las etiquetas, que no paran de reducir su precio. Según el sindicato COAG, el producto nacional ha pasado de los 36 céntimos litro de media en 2014 a los 31 en 2016, un 14 por ciento menos. El golpe en la región ha sido menor, gracias al paraguas de Central Lechera Asturiana.

Las organizaciones agrarias exigen algún tipo de control que limite la producción nacional e internacional. El gozoniego Ramón Artime, responsable del sindicato Asaja y de la interprofesional láctea Inlac, propone poner en marcha un "techo de producción".

El sector lácteo del campo asturiano también aboga por incrementar los precios de intervención, tal y como propuso el Gobierno autonómico en el último Consejo de Agricultura. El Principado y los sindicatos coinciden en que las medidas adoptadas hasta ahora -ayudas directas- fracasaron.