PSOE e IU acordaron el año pasado reformar la Ley 6/1984, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado -redactada por Bernardo Fernández, actual presidente del Consejo Consultivo-, que hace de la región una de las dos (con el País Vasco) en las que no rige el sistema de "investidura", de forma que los parlamentarios sólo tienen dos opciones: votar a favor de uno de los candidatos a la Presidencia o abstenerse, sin que se contemple votar en contra. La posibilidad de votar "no" al candidato se da en la mayoría de autonomías, y también en el Congreso de los Diputados, cuyo sistema de "investidura" consagra la Constitución. Hay quien ha calificado el modelo de Asturias y el País Vasco de "anomalía democrática", sin tener en cuenta que ese modelo ha evitado situaciones como la que vive hoy el Congreso, con los partidos bloqueando la formación de Gobierno.
Lo que se olvida es que el sistema asturiano fue consecuencia de las dificultades para elegir presidente que atravesó la primera Junta General, la de la llamada legislatura provisional, que echó a andar en marzo de 1982, y que iba a durar hasta las primeras autonómicas de mayo de 1983.
Desaparecida la Diputación, extinguido el Consejo regional -que presidió el socialista Rafael Fernández-, y aprobado el Estatuto en diciembre de 1981, la nueva cámara estaba constituida por los miembros de la Diputación, los parlamentarios nacionales por la región y otros 14 diputados designados por los partidos. El juego de equilibrios era delicado. UCD y PSOE tenían 24 diputados cada uno; AP, tres; y el Partido Comunista de Gerardo Iglesias, siete. "Todos estaban de acuerdo en estar en desacuerdo", dice un testigo de aquellos días.
Tras una dificultosa elección de presidente de la Junta -el cargo recayó en el centrista Agustín Antuña frente al socialista Marcelo Palacios-, tocaba investir al presidente. El candidato debía obtener la mayoría absoluta en una primera votación, y si no, la mayoría simple en una segunda.
Concurrían Rafael Fernández, Emilio García-Pumarino (UCD) e Iglesias. El 26 de marzo de 1982 se produjo la primera votación. Como era de esperar, ninguno obtuvo mayoría absoluta. Cada candidato recibió el voto positivo de los suyos, pero el negativo de todos los demás. Se convocó una nueva votación para el 29 de marzo, pero todo indicaba que iba a arrojar similar resultado, abocando al Principado a quedarse sin presidente, y sin posibilidad de convocar elecciones.
Fue entonces cuando surgieron discrepancias sobre lo que debía entenderse por "mayoría simple". UCD se sacó de la manga un informe del jurista Eduardo García de Enterría con una solución chocante. "Proponía que no se tuviesen en cuenta los votos negativos, solo los positivos. Aquello era inviable", indica un testigo de la época. Para evitar que se aplicase la "solución Enterría", los socialistas aplicaron tácticas obstruccionistas, no acudiendo a la Junta. El PCE también amenazó con abandonar la cámara. La crisis no se solventaría hasta el 15 de abril de 1982 y para ello tuvo que haber un pacto PSOE-PCE, por el que éste votaba presidente a Rafael Fernández, a cambio de que entrase en el Gobierno un comunista, Víctor Manuel Zapico.
Las elecciones de mayo del 83 dieron la mayoría absoluta al PSOE de Pedro de Silva. Este Gobierno optó por un sistema de elección pura del presidente. Aprovechó de la indefinición del texto estatutario, que indicaba simplemente que el presidente "es elegido por los miembros de la cámara". La ley redactada por Bernardo Fernández estableció que los diputados votarían por las candidaturas presentadas, sin admitir votos en contra. "El sistema facilita la formación de gobiernos, incluso en minoría, que luego deben buscar apoyos. No favorece necesariamente a la lista más votada y evita los bloqueos. Solo si se empata se va a elecciones", indica un político de la época. El PCE se opuso. Con esta ley, las minorías perdían su inmensa capacidad de veto.
