Podemos defendió ayer cuesta arriba, con la sola adhesión explícita de Ciudadanos, su proyecto de Ley de Cuentas Abiertas, su herramienta para permitir que cualquiera pueda acceder a los depósitos bancarios de la Administración y de los organismos adscritos a ella con la misma libertad que si fueran los suyos. La consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, rimó la "transparencia de la apariencia" para definir, en el debut del trámite parlamentario de la Ley, el intento de la formación morada de abrir cuentas sirviéndose de un mecanismo "inaplicable e inoperante".
"No por tener más datos se tiene más información", afirmó después de contar por millones los movimientos bancarios que el texto legislativo pretende volcar en internet -se ejecuta más de un millón y medio al año- y de repetir varias veces, a preguntas del diputado de Podemos Enrique López, que los ciudadanos necesitan información "inteligible" y "no simples datos que pueden generar confusión". O que lo que ayer se analizó en seis horas de comparecencias informativas es una tentativa inútil e irrealizable de acumular simples referencias de ingresos y gastos que además no sirven por sí solos, que están lejos de ofrecer completo el panorama de la actividad presupuestaria de la Administración.
La interventora general del Principado, Belén Menéndez, no se atrevió a aventurar un presupuesto "muy elevado" para la puesta en práctica. Sólo arriesgó con la previsión de "una gestión incuantificable" y después únicamente Podemos y Ciudadanos asintieron a la conveniencia de una ley que López definió "necesaria y justa", que ha sido presentada en seis autonomías y aprobada sólo en Extremadura y que nace en Asturias con más pitos que palmas.
"Habría evitado 'Marea'"
Después de escuchar lo que juristas, economistas y censores de cuentas públicas expusieron sobre el texto, una vez que López sostuvo que con una ley así en vigor "se habría evitado el "caso Marea", la propuesta coleccionó reparos políticos a derecha e izquierda. Emma Ramos (PP) se desmarcó hacia "el refuerzo de los controles externos e internos" que ya tiene la Administración mientras Gaspar Llamazares (IU) exponía "dudas" relativas a una posible colisión con la Ley de Protección de Datos, a la inteligibilidad y utilidad de la marea de datos resultante, y Cristina Coto (Foro) reincidía sobre el obstáculo legal que sólo permitiría divulgar "información codificada o encriptada y, por tanto, inservible". Del otro lado, sólo Armando Fernández Bartolomé (Ciudadanos) se avino, con un "usted deme los datos, ya haré yo los estudios", al "simbolismo" de una iniciativa que es "un trozo más, junto a muchos otros", en el puzzle complejo de la transparencia.
Antes, Llamazares había alertado del riesgo de caer en "el fetichismo de la transparencia" por un exceso de afán divulgativo y la revisión jurídica del asunto había prevenido contra una variedad de posibles colisiones legales. La fundamental, tal y como la señaló Javier Junceda, profesor de Derecho Administrativo, tropieza con el precepto de la Ley de Protección de Datos que pide el consentimiento del titular de una cuenta privada para su propagación, fundamental aquí por "la necesaria vinculación" que se establece entre los depósitos de la Administración y los de particulares. El catedrático de Derecho Constitucional Ignacio Villaverde, más partidario del derecho de acceso a la información que de su divulgación indiscriminada, añadió su convicción de que la inundación de datos lleva a la certeza de que "convertirlo todo en público es otra manera de ser muy opaco". A Villaverde le han puesto delante un proyecto legislativo que "aporta muy poco o nada a la transparencia". A Santiago Álvarez, economista y vicerrector de la Universidad de Oviedo, que piensa que "ahogarnos bajo toneladas de datos es como si no nos dieran ninguno", también le parece que la mera divulgación del apunte en cuenta del pago efectuado por la Administración no aporta demasiado sin "conocer el origen de esos pagos", sin ver la película entera, sin "acudir al expediente de contratación".
La batería de opiniones expertas que ayer recopilaron los diputados sumó la impresión de "utilidad limitada" que expresó el síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas, Avelino Viejo, antes de acuñar el aforismo "la apariencia de exceso de transparencia hace que la transparencia engañe". La opinión más templada del síndico Antonio Arias detecta "bisoñez" en la técnica legislativa, pero desemboca en la convicción de que "yo no le hurtaría estos datos a la sociedad".
De opinión similar son Francisco Jurado, jurista, investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona y partidario de una ley "bastante factible" cuyo encaje final "es una cuestión más de voluntad política que de límites físicos o legales", y Fernando Urruticoechea, economista e interventor del Ayuntamiento de Orihuela (Alicante), para quien "la única información que afectaría a la protección de datos sería la de los perceptores de ayudas sociales".
