El consejero de Empleo, Industria y Turismo, Francisco Blanco, ha achacado esta mañana a las demoras del proceso judicial la falta de avances en la depuración de responsabilidades por la llamada "trama del cable", desatada por la investigación de presuntas irregularidades en la contratación de obras por parte de la empresa pública Gestor de Infraestructuras de Telecomunicaciones (GITPA). En una tensa comparecencia en la Junta, en la que Blanco ha escuchado reproches por falta de agilidad y ocultación de información desde todos los grupos de la oposición, Blanco ha destacado que "en año y pico judicialmente apenas hemos avanzado" en este caso y ha trasladado a las instancias judiciales la demanda de actividad depurativa que él mismo había recibido previamente de sus antagonistas políticos: "Se tomarán las decisiones que procedan", ha dicho, "pero nos ayudaría mucho a todos que la justicia actuase con la mayor velocidad posible en este asunto".
El consejero había escuchado del diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons duros ataques por no personarse en la investigación como acusación particular y por no llevar a la comparecencia de esta mañana información relativa a los delitos concretos que el juzgado está investigando en relación con las facturaciones presuntamente irregulares en la extensión de la red de fibra óptica en el occidente asturiano. Tuvo que ser la diputada de Podemos Lorena Gil la que detallase los hechos delictivos, citando la información recibida del Principado: malversación, falsedad documental y prevaricación. El PP ha lamentado que en su comparecencia de hoy en la comisión de Empleo, el consejero haya "hecho un ejercicio de boicot" y ha calificado de "tomadura de pelo" la falta de concreción en sus explicaciones. Podemos ha acusado al Gobierno regional de "dilatar el proceso y querer hacerlo complejo" e IU ha dejado patente su "malestar por una comparecencia que no creemos que haya ayudado a depurar las responsabilidades políticas a que pueda haber lugar". Foro ha invitado al Principado a no dejar el caso sólo en manos del juez instructor y Ciudadanos ha visto en el Principado una actitud "reactiva, opaca y poco transparente".
Por su parte, el consejero ha vuelto a defender que fue el Gobierno quien puso las supuestas irregularidades en manos de la Fiscalía al tener conocimiento de ellas y ha revelado que del análisis interno no se deduce que haya "salida de dinero del GITPA". Sí facturación irregular o de sobrefacturación, pero "nadie ha dicho que falta dinero en el GITPA", ha remarcado, después de asegurar que por la complejidad del caso aún no tiene a su disposición un cálculo del supuesto daño causado en términos económicos.
