"Y me da igual que se enfaden". El portavoz del PSOE en la Junta, Fernando Lastra, sabía que acertaría. Venía de defender la oposición del Gobierno regional a elevar a rango de ley, tal y como pide Podemos, la suspensión de las liquidaciones de las deudas que el Principado reclama a los herederos de pacientes fallecidos en residencias del organismo Establecimientos Residenciales de Ancianos (ERA) y predijo con tino el berrinche de sus antagonistas. Con su negativa, precisó Lastra, el Gobierno ejerce una prerrogativa legal que le faculta para paralizar la tramitación de la norma hoy mismo, en la Mesa de la Junta.

El rechazo se justifica, al decir del parlamentario socialista, con la convicción de que introducir en un texto legislativo el mecanismo que el pleno de la Junta ha aprobado sin categoría normativa -emplazar al Principado a parar las reclamaciones mientras revisa los expedientes- sería "desproporcionado", que causaría "más problemas a los afectados", que les generaría "indefensión". El Gobierno, por su parte, ha garantizado que su disposición a cumplir el mandato del parlamento hace que la tramitación legislativa sea innecesaria y ha aducido que concurren además limitaciones de índole presupuestaria.

Como había predicho Lastra, ayer Podemos se enfadó. O manifestó abiertamente su contrariedad. Emilio León, portavoz parlamentario de la formación morada, se dijo sorprendido ante las contradicciones del Ejecutivo y aseguró no entender que el Gobierno "apruebe una moción y rechaza una ley que es calco y copia de ella". León interpreta que el Principado ha decidido "oponerse a que el problema sea resuelto de forma inmediata. No entendemos por qué, pero es su última oportunidad de demostrar de qué lado está, si del de los afectados o del de los beneficios bancarios". "Si no había problema a la hora de apoyar la moción", apostilla, "no entendemos por qué sí lo hay para gestionar un problema que deberían haber solucionado ya".

Si todo sigue yendo como predice Fernando Lastra, la proposición de ley de Podemos encallará hoy definitivamente en la Mesa de la Junta. Una vez que el Gobierno ha manifestado su disconformidad con el contenido, "la tramitación debe paralizarse salvo que la opinión del Gobierno se demostrase manifiestamente infundada", un escenario que el PSOE no considera.