Asoma más madeja si se tira del cable. Los desfases entre la obra facturada y la ejecutada por la empresa pública de telecomunicaciones del Principado, GITPA, en el tendido de la red de banda ancha en el occidente -que son materia de investigación judicial- tienen una prolongación "más grave" en el cableado del centro y oriente de la región. La alerta la encendió ayer así la diputada de Podemos Lorena Gil citando un documento técnico elaborado por el Servicio de Telecomunicaciones del Principado que tiene fecha de junio de 2015 y del que se sigue que sólo en la llamada "Troncal central" la empresa habría pasado al cobro más del doble de lo que efectivamente construyó si se suman el centro y el oriente. Según el detalle de las longitudes, se habría proyectado tender 96 kilómetros de cable entre las dos demarcaciones y sólo lo facturado por la central "sube a 216".
En el Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo ya están, entre otras presuntas irregularidades, otros cien kilómetros de desfase en las facturas emitidas por GITPA al Principado por el cableado del occidente y todo eso junto hace a Podemos cruzar datos, tirar del hilo y concluir que la "Trama del cable" incluye sospechas de irregularidades en este mismo sentido a lo largo de una gran parte de los trabajos realizados por la empresa". Gil recuerda que el objeto de la investigación aún son sólo dos años de actividades presuntamente anómalas en una compañía que se constituyó en 2006 y lamenta que el consejero de Empleo, Francisco Blanco, haya ocultado sus responsabilidades detrás de la constante mención a la "complejidad" del asunto. La parlamentaria añade "sorprendida" que la Consejería tiene "desde hace dos años y medio" a su disposición los informes sobre supuestas irregularidades y que en ese periodo "no se ha hecho ninguna verificación en campo de la obra ni ninguna comprobación documental" de que lo hecho se correspondía con lo facturado al Principado. "Es grave", concluye, "que no se hayan emprendido acciones antes de la denuncia de la Fiscalía" o que el departamento que ahora dirige Blanco "sólo haya tomado medidas cuando el caso estalló en la cara del Gobierno".
Al estallar, ha llegado al juzgado, que investiga indicios de prevaricación por la presunta limitación fraudulenta a quince años del derecho de uso de la red de cable del occidente y de malversación y falsedad por la falta de correspondencia entre las obras facturadas y las ejecutadas en ese área. Advierte Gil de que "está por ver" que, como sostiene el Consejero, la "Trama del cable" sea un caso de facturaciones anómalas que no ha originado salidas de dinero de la empresa o, por extensión, del sector público.
En la misma línea, el diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons considera "una irresponsabilidad" la tesis expuesta por Blanco, porque "todos los informes dan lugar a pensar lo contrario. Parece evidente que hay una gestión cuanto menos desordenada", afirma, "y que de esa gestión en el Principado no se enteraban mucho".
Los bienes de Bañuelos
En el marco de las pesquisas sobre la "Trama del cable", todos los grupos de la Junta dieron de paso ayer una iniciativa sin precedentes planteada por el PP para que la cámara tenga acceso a la declaración de bienes del exdirector general del GITPA Juan Manuel Rodríguez Bañuelos. La ley de incompatibilidades, actividades y bienes de los altos cargos faculta a la Junta para hacerlo, pero como nunca se ha visto en una tesitura semejante, la presidencia del parlamento resolvió solicitar al Letrado Mayor un informe jurídico sobre el procedimiento más adecuado para llevar a efecto el mandato.
También ayer quedó constituida la comisión de investigación parlamentaria que tratará de arrojar luz sobre el asunto, que presidirá el diputado del PP David González Medina, con Lorena Gil (Podemos) como vicepresidenta y Nuria Devesa (PSOE) en calidad de secretaria. El trabajo comienza con la pretensión de consensuar un calendario de trabajo que se abrirá con un plazo para la solicitud de documentación previo a la petición de comparecencias.
