Los teléfonos de los abogados de las defensas y de las acusaciones del "caso Marea" echan humo durante estos días, a pocas fechas del inicio del juicio, que será este lunes. Pese a la postura firme de algunas acusaciones, como el Principado, que ha descartado acuerdo alguno, los letrados de las defensas tratan de alcanzar "in extremis" unos términos que les permitan una conformidad y evitar la celebración del juicio. El objetivo sería obtener una pena que evitase el ingreso en prisión a la mayoría de los encausados, a cambio de resarcir los daños causados a las arcas públicas, que han sido evaluados por el Principado en 5,6 millones de euros. Ayer no pasó desapercibida la presencia en Oviedo del abogado de Marta Renedo, José Carlos García Hernández, con despacho en Madrid. Este letrado estará buscando la mínima pena para su defendida, que, aunque no le evitase entrar en prisión, le supusiese una estancia corta entre rejas. Quien no estaría moviéndose para llegar a un acuerdo, o al menos, los estaría haciendo de forma muy discreta, es el exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, defendido por el letrado gijonés Sergio Herrero.

Las sesiones previstas para la semana que viene -el lunes y el martes- estarán destinadas a las cuestiones previas, en las que las defensas solicitarán con toda seguridad la nulidad de las actuaciones, por no haberse dividido la causa y por supuestas irregularidades en las escuchas que llevaron al descubrimiento de la trama. Sin embargo, este trámite previo al juicio no impedirá que se sigan manteniendo contactos para llegar un acuerdo, con el límite puesto en el día 13, fecha de inicio de las declaraciones.

El plazo de negociación finalizará ese día, en el momento justo en que a Marta Renedo Avilés, la elegida por la Fiscalía para iniciar los interrogatorios, se le pregunte si reconoce los hechos de los que se le acusa. En ese momento ya no habrá marcha atrás. Y las defensas están advirtiendo de que, si sus defendidos son sometidos a interrogatorio, podrían salir a la luz cuestiones que pueden levantar ampollas.

Con Renedo se iniciará la comparecencia de los trece acusados de este caso, el mayor de corrupción en la administración regional que se haya registrado. Siete de los acusados corresponden a la Fiscalía y las dos acusaciones particulares (el Principado de Asturias y la hija de una de las personas suplantadas por Marta Renedo para desviar dinero del Principado) y los otros seis encausados han sido añadidos por las acusaciones populares. Está previsto que estas trece declaraciones finalicen el 15 de abril, viernes. Tras Marta Renedo, declarará Maximino Fernández, de la empresa ASAC Comunicaciones.

Seguirá la ex directora general de Planificación, Centros e Infraestructuras, María Jesús Otero, y en cuarto lugar, el exconsejero Iglesias Riopedre. Luego le tocará el turno a los principales empresarios implicados en la trama: primero Víctor Manuel Muñiz, de Igrafo, luego Alfonso Carlos Sánchez, de Almacenes Pumarín (APSA). Cierra la lista de acusados de la Fiscalía y las acusaciones particulares Antonio José Azorín, de la empresa Nora. A continuación irán los implicados contra los que solo formulan cargos las acusaciones populares: María Paz Pendás, Issac Ovies, José Villa Cantero, José Manuel Blanco Fernández, Braulio Iglesias y Francisco Javier Juárez. Además de estos acusados, están emplazados como responsables civiles Ernesto Iglesias González, hijo de José Luis Iglesias Riopedre, y el Principado de Asturias.

Tras estas primeras declaraciones comenzará el desfile de testigos, primero los de la Fiscalía, un total de 33, que depondrán entres sesiones maratonianas, los días 18, 20 y 25 de este mes. Entre ellos se cuenta Azucena V. F., cuya identidad fue suplantada por Marta Renedo para abrir cuentas a las que desviaba el dinero, y los familiares de la anciana cuyo nombre y datos fueron también utilizados por la exfuncionaria regional para crear una vía segura para mover las cantidades desfalcadas.

También se incluyen los exjefes de Marta Renedo, el ex director general José Carlos Madera y las exconsejeras Encarnación Rodríguez Cañas y Ana Rosa Migoya. Y ex altos cargos, como Joaquín Arce, que advirtieron irregularidades. También irán cargos actuales del Gobierno, como la directora general Begoña Fernández Suárez.

El 27 de abril se iniciarán las declaraciones de propuestas por las acusaciones particulares que difiere de la Fiscalía. Los días 4, 6 y 11 de mayo le tocará el turno a los testigos de la primera acusación popular, la ejercida por la Asociación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL). El 11 de mayo serán los testigos del Bloque por Asturias-Podemos. Se comenzará además con los testigos de las defensas que difieran de las declaraciones anteriores. Así hasta el 27 de junio, fecha reservada para la declaración de los testigos que no hubiesen podido ser localizados o no hubiesen acudido a la cita en el tribunal.

De esta forma, el 29 de junio, se llegará a la práctica de las pruebas periciales. El 13 de julio, está previsto el inicio de las sesiones dedicadas a la prueba documental y a la audición de las grabaciones solicitadas por las partes. Finalmente, las conclusiones finales será el 27 de julio y el 1 y 3 de agosto. El calendario se verá muy posiblemente afectado a lo largo de la celebración del juicio, el más largos de cuantos se hayan planteado en Asturias.