El Tribunal Supremo ha obligado a la Administración del Principado a devolver sus puestos a 51 altos funcionarios, designados "a dedo", a los que destituyó en 2013 para tratar de cumplir una resolución judicial, una de las tantas que ha considerado irregular la reiterada preferencia por la libre designación en detrimento del concurso de méritos como mecanismo generalizado para la selección de cargos en la función pública asturiana. El Alto Tribunal mantiene intacta esta consideración de que los nombramientos fueron erróneos e ilícitos, pero resuelve que lo correcto para subsanar la anomalía no eran los ceses inmediatos de los afectados, sino la convocatoria de un concurso que respetase los procedimientos legales. El veredicto establece ahora la obligación de restituirlos en sus puestos, pero no definitivamente, sólo mientras no se convoque el preceptivo proceso selectivo.
El Gobierno publicó ayer en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) las resoluciones que revocan las destituciones conforme al contenido del fallo del Supremo, que viene a sumarse a la extensa acumulación de resoluciones que han enmarañado la función pública asturiana en los últimos años a cuenta del uso abusivo del "dedo" como instrumento para nombrar altos funcionarios. Afecta a medio centenar de jefes de servicio, coordinadores y puestos de alta responsabilidad similares en siete consejerías, designados durante el Gobierno de Vicente Álvarez Areces. Todos ellos fueron objeto, entre muchos otros, de una denuncia presentada por el sindicato USIPA que como tantas otras cuestionaba la licitud del método de selección preferido por la Administración arecista y que fue resuelta a favor de las tesis de la organización sindical, anulando los nombramientos en todas las instancias judiciales una vez que el Principado decidió agotar las vías del recurso hasta llegar al Supremo, donde también perdió, en 2012.
A instancias del sindicato denunciante, harto de lo que consideraba mecanismos dilatorios para eludir el cumplimiento de los fallos, la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) aceptó en octubre de 2013 la ejecución de la sentencia que anulaba las designaciones. Para darle cumplimiento, el Principado decidió entonces revocar los nombramientos de medio centenar de altos funcionarios. Interpretó que así, sin concurso, cumplía la resolución y al mes siguiente recibió un auto del TSJA que se lo confirmaba. Es este auto el que fue recurrido en casación ante el Supremo y el que acaba de ser anulado con el argumento, conforme a la jurisprudencia del Alto Tribunal, de que el Principado no estaba realmente obligado a cesar de inmediato a los adjudicatarios de los puestos mal ocupados, sino a convocar un concurso para adjudicarlos bien, algo que hasta la fecha no ha hecho ni en éstos ni en otros muchos casos que han sido sentenciados en el mismo sentido.
El embrollo jurídico atañe a puestos de promoción interna dentro de la Administración y los afectados son funcionarios de carrera que han debido ser reubicados en otras instancias de la función pública. Ahora volverán a sus puestos en teoría de forma transitoria hasta la convocatoria de un concurso. Se les restituirán, dice el BOPA de ayer, "sus derechos funcionariales, administrativos y económicos". Según fuentes jurídicas, el Principado podría enfrentarse a reclamaciones de resarcimientos por daños en caso de que los traslados hubiesen dirigido a los empleados concernidos hacia puestos de un nivel retributivo inferior al que tenían.
