La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, se mostró ayer "convencida de que no existe implicación penal" en el caso de supuesta prevaricación administrativa por el que un juzgado de Oviedo investiga al director general de Vivienda, Fermín Bravo, por la denegación a una familia de Candamo de un cambio de vivienda pública en alquiler. A preguntas del PP en la Junta, Varela atribuyó la denegación de la mudanza -los adjudicatarios querían trasladarse a otra casa más grande por el aumento de miembros de la unidad familiar- a que la solicitud inicial no había sido debidamente documentada. La Consejera no excluyó que pudiera haber "algún error administrtivo" en la petición de información y añadió que tratará de resolverlo.