El juicio más esperado, el del "caso Marea", el mayor de corrupción en Asturias, se ha iniciado esta mañana con agrias críticas a la "extravagante" instrucción de los jueces Ana López Pandiella y Ángel Sorando, a quienes las defensas han imputado los "vicios de nulidad" que en su opinión tienen que obligar al sobreseimiento del caso. También se ha hecho referencia a la "inactividad culpable" del Principado, que ha esperado al pasado mes de marzo para presentar un informe sobre irregularidades en 53 colegios, que amplía el monto de los defraudados en 2,5 millones de euros. Tanto la fiscal como las defensas consideraron la inclusión de este informe de "extemporánea", y pidieron que se dejase fuera del proceso, toda vez que incluye incluso irregularidades cometidas por otras empresas no procesadas. El magistrado Javier Domínguez Begega, presidente de la sección tercera de la Audiencia, denegó la inclusión de esta documentación, después de que algún letrado amenazase con pedir la suspensión del juicio.

En la vista de esta mañana se han dado a conocer datos inéditos. El letrado del empresario Víctor Manuel Muñiz, Miguel Valdés-Hevia, ha desvelado que en el inventario de adquisiciones remitido por el Principado para el periodo 2006-2009, se incluyen desfases mucho más graves que los juzgados hoy. Y puso como ejemplo el instituto Adolfo Posada, que tenía presupuestados, según afirmó, 6 millones de euros, y presentó unos gastos por importe de 11,5 millones, 8,8 millones en concepto de mobiliario. "O ha habido un fraude o un descontrol contable, pero ambos de dimensiones catedráticas", indicó. Y por ello justificó que se llame a declarar a una de las responsables del mismos, Soledad Saavedra, esposa de Vicente Álvarez Areces, para aclarar lo ocurrido. En la vista de esta mañana han salido cuestiones curiosas, como el dispone del que dispone uno de los acusados principales, el exconsejero José Luis Iglesias Riopedre: 2309,19 euros en una cuenta conjunta con su mujer y 672 en una cuenta persona. Con ello, su letrado, Sergio Herrero, quería ilustrar que él exconsejero no había experimentado un enriquecimiento a consecuencia de su paso por la política.

Los letrados han solicitado la nulidad por diversos motivos: por un lado, el auto que autorizó las escuchas a Marta Renedo, el 10 de febrero de 2010, en su opinión no fundamentado en indicio alguno. Según los abogados, en ese momento no existía indicio alguno que la convirtiese, según la Policía, en el escalón medio de una trama corrupta. Consideran además que las escuchas se prorrogaron sin justficación y sin informar a las partes. Han pedido además que se anulen los registros de empresas y viviendas. Y consideran que otro motivo para que el caso se anule es la ausencia de conexidad entre los delitos de Renedo y el resto de acusados. Hasta se ha planteado que la prensa no esté presente en el juicio, dado que la información de las sesiones podría influir en los testigos.