El diplomático mierense Marcos Vega, exembajador en Finlandia, se sienta hoy en el banquillo de la Audiencia Nacional acusado de tres delitos continuados de malversación de caudales públicos, falsificación de documento oficial y prevaricación, por haber contratado en 2011 a tres empleadas domésticas de Filipinas y Kenia de manera ilegal y con dinero público.
El ministerio público solicita la friolera de diez años de prisión, 21 años de inhabilitación y 30.000 euros de multa. El caso estalló después de una denuncia presentada por el canciller de la legación española en Helsinki, Ismael Medina, quien, según la versión de Vega, trata de vengarse de él por haber destapado previamente un fraude en la Embajada. Medina, tras el escándalo, fue trasladado a la Embajada en Kuala Lumpur (Malasia).
La acusación añade que Vega remitió al Ministerio dos contratos a las empleadas, en los que figuraban unos sueldos de 1.400 y 1.200 euros, pese a que con ellas formalizó otros alternativos por 800 euros.
