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El mayor caso de corrupción de la historia del Principado

Soledad Saavedra declarará como testigo en el "Caso Marea"

El tribunal convoca a la esposa del expresidente del Principado Vicente Álvarez Areces para aclarar un supuesto desfasede de más de 5 millones de euros en Adolfo Posada

05.04.2016 | 19:21
Soledad Saavedra declarará como testigo en el "Caso Marea"
Soledad Saavedra declarará como testigo en el "Caso Marea"
Soledad Saavedra declarará como testigo en el "Caso Marea"
Soledad Saavedra declarará como testigo en el "Caso Marea"

El juicio del "caso Marea" empezó ayer a lo grande en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo, con nuevas revelaciones de posibles desfalcos en la administración regional. El letrado del empresario Víctor Manuel Muñiz (Igrafo), Miguel Valdés-Hevia, desveló un supuesto desfase de más de 5 millones de euros en el Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada. Algo que según lo visto en la sesión de hoy habrá que aclarar. El presidente del tribunal, Javier Domínguez Begega, ha aceptado la petición de las defensas de que Soledad Saavedra, esposa del expresidente del Principado Vicente Álvarez Areces declare como testigo. La Fiscalía, representada por Carmen Rodríguez, no se ha opuesto a la declaración y la letrada del Principado, Isabel González Cachero, tampoco se opuso expresamente a la comparecencia de Saavedra aunque sí acuso a los abogados defensores de los acusados de querer politizar y entorpecer el proceso.

Soledad Saavedra es jefa del servicio de formación y "nunca fue directora del instituto" según fuentes del Principado. La mismas fuentes recalcaron que Saavedra "nunca tuvo competencias en contratación".

Begega también aceptó resolver las cuestiones previas antes de que empiecen a declarar los testigos por lo que consideró "probable" que los testimonios no empiecen a prestarse el próximo miércoles como estaba previsto.

Los datos proceden del propio Principado, que remitió un inventario de adquisiciones. "Tenía un presupuesto de 6 millones, y en el periodo de 2006 a 2009 gastó 11,5 millones, 8,8 de ellos en mobiliario, lo que hace un gasto de 8.800 euros por metro cuadrado", indicó Valdés. "Hay un sinfín de compras cargadas ahí, como los espejos de la Consejería de Cultura, el stand de la Feria de Muestras, la caldera del edificio de Presidencia y 100 papeleras", añadió. "Estamos ante un fraude catedralicio, o ante un caos contable también catedralicio", sentenció el letrado, que anunció más sorpresas durante el juicio. Valdés-Hevia pidió la comparecencia de la antigua directora del instituto, Soledad Saavedra, esposa del expresidente regional Vicente Álvarez Areces. Las acusaciones populares no se oponen y la sección tercera de la Audiencia decidirá en los próximos días si la cita a declarar como testigo.

En la vista de ayer, dedicada a las cuestiones previas, se puso en solfa la "extravagante, caótica, personalista y defectuosa" instrucción llevada a cabo por los jueces del caso. Primero, Ana López Pandiella, del Juzgado número 4 de Gijón, que inició la investigación en febrero de 2010, y que según las defensas continuó las diligencias pese a que no tenía competencia -dado que los hechos investigados se habían producido en Oviedo-, ordenó escuchas telefónicas en base a "conjeturas" y se convirtió en "una máquina expendedora de autos". Y Ángel Sorando, extitular del Juzgado número 2 de Oviedo, que se enfrentó a la Fiscalía y "maltrató" a los acusados, tachándolos de "mafiosos" y utilizando términos como "los chanchullos", "los sobornos" o "la omertá", según Valdés-Hevia.

El letrado Esteban Aparicio, de la Asociación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL), habló de "inactividad culpable" del Principado, que esperó al pasado mes de marzo para presentar un nuevo informe sobre irregularidades en 53 colegios donde no se sirivió material de Igrafo y APSA, que amplía el monto del fraude en 2,5 millones de euros (un segundo informe eleva los centros a 87 y las cantidades malversadas a 4 millones). La fiscal Carmen Rodríguez se mostró especialmente dura con el Principado, que "desde mayo de 2011 tenía conocimiento de las irregularidades y no aportó la documentación pertinente".

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