Rodríguez indicó que, de aceptarse la nueva documentación del Principado, se generaría indefensión, puesto que los acusados no han sido interrogados sobre los nuevos extremos que aparecen. Las defensas recalcaron que en esa documentación recientemente aportada aparecen otras empresas implicadas contra las que no se formula acusación. El letrado de Marta Renedo, José Carlos García, citó algunas: "Decisa, Buenos Aires Producciones, Sociedad XXI de Cultura Asturiana... Son hechos nuevos, empresas nuevas. Han tenido seis años para presentar estos documentos. Es una vergüenza que una administración no tenga los expedientes a mano", indicó. Otros, como Javier Dapena y Valdés-Hevia amenazaron con pedir la suspensión si se aceptaban los documentos. El presidente del tribunal, Javier Domínguez Begega, decidió rechazarlos: "No se aprecia relación con los escritos de acusación y no se admite la prueba".

En la vista de ayer, primera de las 37 previstas en el juicio, han salido cuestiones curiosas, como el dinero del que dispone uno de los acusados principales, el exconsejero José Luis Iglesias Riopedre: 2.309,19 euros en una cuenta conjunta con su mujer y 672 en una cuenta personal. Con ello, su letrado, Sergio Herrero, quería ilustrar que el exconsejero no había experimentado un enriquecimiento a consecuencia de su paso por la política.

Los letrados desgranaron los "vicios de nulidad" que arrastra la causa desde el principio. El auto que autorizó las escuchas a Marta Renedo, el 10 de febrero de 2010, y que llevó a la imputación en cascada de todos los implicados -llegó a haber 43-, no se fundamentaba en indicio alguno. Según los abogados, la información que constaba en aquel momento -unos mensajes de texto enviados por Marta Renedo a Azucena V., cuya identidad supuestamente suplantó para desviar el dinero- no convertía a la exjefe de sección en "el escalón medio de una trama corrupta", como sostenía la Policía. Los letrados consideran además que las escuchas se prorrogaron sin justificación y sin informar a las partes, y que hay motivos para declarar ilegales los registros de empresas y viviendas. Otro motivo para que el caso se anule es la ausencia de conexidad entre los delitos de Renedo y el resto de acusados, algo que ya creía la primera instructora del caso. Hasta se planteó que la prensa no estuviese presente en este macrojuicio -el primero que será televisado, cuando se inicien las declaraciones, la semana que viene-, dado que la información de las sesiones podría influir en la declaración de los testigos, muchos de ellos funcionarios que podrían ser aleccionados por sus superiores.

Los letrados insisten, como la defensora de María Jesús Otero, Ana Muñiz, que no se ha cuantificado el dinero supuestamente malversado. Las partes ya cuenta con un informe elaborado por encargo de Marta Renedo que establece en apenas 132.000 euros el dinero supuestamente irregular, que queda muy lejos de los 1,6 millones que le imputan la Fiscalía y el Principado en sus escritos. El juicio sigue hoy con las cuestiones previas.