La investigación se inicia el 3 de febrero de 2010, cuando Azucena V. denuncia a la Policía que una funcionaria ha usado su identidad para abrir una cuenta e ingresar 134.359,07 euros del Principado. Una semana después se acuerdan las escuchas.
A fines de enero, tras casi un año de escuchas, el caso da un salto cualitativo con la detención de Marta Renedo, el exconsejero José Luis Iglesias Riopedre, su mano derecha, María Jesús Otero, y los empresarios Víctor Manuel Muñiz (Igrafo) y Alfonso Carlos Sánchez. Los tres primeros van a prisión.
Iglesias Riopedre pasará 41 días en prisión, antes de reunir la fianza. Se le imputa que consentía el reparto de contratos a Igrafo y APSA, el pago de facturas falsas, y los sobornos que se pagaban, que organizaba María Jesús Otero. Pidió además que se diese trabajo a la empresa de su hijo Eernesto.
