Una acusación cifra en 30 millones por año los gastos irregulares

El Principado plantó a letrados y Fiscalía en la última reunión para buscar un acuerdo

06.04.2016 | 04:12
Los abogados Luis Tuero, Antonio Pineda, Esteban Aparicio, Javier Díaz Dapena y Fernando de Barutell, antes de entrar a la segunda sesión del juicio.

Una de las acusaciones populares del "caso Marea", la ejercida por la Asociación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL), cuyos intereses defiende el letrado Esteban Aparicio, sostuvo en la vista de ayer que los gastos irregulares en el Principado podrían ascender a unos 30 millones de euros al año, con prácticas parecidas a las que se dirimen en el este juicio. Aparicio considera necesario establecer "la mecánica operativa" que ha permitido unos desvíos de tales dimensiones, y se conforma con que éste juicio la deje clara para que no vuelva a repetirse. "Hay unos treinta millones de euros anuales que podríamos evitar que se fueran", indicó en la vista de ayer.

Este abogado -concejal de Foro en el Ayuntamiento de Gijón- ha cuantificado el daño causado a las arcas del Principado por los implicados en el "caso Marea" en nueve millones de euros, una cifra "corta", según indicaba ayer el letrado fuera ya del juicio. El Principado lo cifra en la mitad, aunque los informes presentados el pasado mes de marzo, sobre el material no servido a 87 centros escolares -y cuya presentación ha sido rechazada por el tribunal, por incluir irregularidades que no han sido investigadas en el presente caso-, lo incrementan en cuatro millones más.

Los letrados ya tienen sobre la mesa un informe pericial económico presentado por la defensa de Marta Renedo, que admite un "flujo dinerario de ingresos denominados irregulares" cifrado en 132.540,09 euros. Se trata de los pagos del Principado que Renedo canalizó a través de cuentas abiertas a nombre de Azucena V. F, Severina B. B. y Oxiplans/Pilar F. Á. Respecto a Implans Mounts, el informe concluye que "su actividad mercantil es legítima y la actividad desarrollada en trabajos de diseño y parametrización para el Principado de Asturias han podido ser razonablemente ejecutados".

Respecto a la acción de patrocinio en favor de la Asociación Deportiva Baloncesto Avilés, el informe considera que "no ha supuesto ningún beneficio directo ni indirecto para la señora Marta Renedo Avilés ni ningún familiar suyo, ni siquiera la hija que formó parte del mencionado equipo de baloncesto".

Las acusaciones populares valoran este informe económico que admite un perjuicio económico de 132.540,09 euros como un primer paso de la exfuncionaria regional para reconocer los hechos, aunque es todavía insuficiente y debería incrementar el reconocimiento de las cantidades defraudadas.

Tras finalizar las sesiones dedicadas a las cuestiones previas podrían darse algunos movimientos de cara a conseguir un acuerdo que evite finalmente la celebración del juicio. Se hace muy difícil, sobre todo por la actitud cerrada del Principado, que está incendiando a algunos letrados de la defensa.

Según estas defensas, la letrada del Principado habría celebrado al menos tres reuniones con los letrados, con el fin de buscar un acuerdo que facilitase una conformidad de los acusados. A una de estas reuniones, celebrada el pasado mes de enero, y admitida por el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, habrían asistido representantes del ministerio público. Martínez se ha mostrado contrario en las últimas semanas a cualquier acuerdo y en la exigencia de recuperar "hasta el último euro" malversado por los implicados.

Ayer se conoció que hubo otra reunión, aproximadamente hace un mes, con asistencia de la fiscal y el teniente fiscal. Sin embargo, la letrada del Principado "plantó" a los asistentes con un mensaje de Whatsapp. Una de las letradas de la defensa, Ana Muñiz, abogada de la exdirectora general María Jesús Otero, señaló que "el primero que ha politizado este caso es el Principado, por lo que no es de recibo que ahora su letrada se queje de que se intenta politizar el juicio". Esta misma letrada se quejó de que el Principado no ha podido cuantificar con exactitud el monto de las cantidades supuestamente sustraídas a las arcas públicas.

Algunas defensas están muy molestas por lo que consideran cerrazón del Principado en la cuestión de la negociación de un posible acuerdo que evite la celebración del juicio. Algunas de ellas están lanzando claros mensajes al Principado, advirtiendo de que durante el juicio pueden salir cuestiones que perjudicarían la imagen de la administración regional.

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