Los beneficiarios del salario social tendrán prioridad en los planes locales de empleo

El Gobierno regional presenta un borrador que cifra en casi 2.000 millones de euros la nueva concertación para el periodo 2016-2019

06.04.2016 | 01:56

Los beneficiarios del salario social tendrán prioridad en los planes locales de empleo. Esta es una de las iniciativas novedosas recogidas en el documento de la concertación regional para el período 2016-2019, que está en la fase final de la negociación entre el Gobierno regional, la patronal y los sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO. El Ejecutivo presentó ayer a los agentes sociales un borrador que cifra en casi 2.000 millones de euros el volumen global de recursos que movilizaría el nuevo acuerdo.

La vinculación del salario social a los planes locales de empleo tiene como objetivo conseguir la reinserción laboral de los beneficiarios de la ayuda básica y es valorado positivamente tanto por el director general de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Alberto González, como por los secretarios generales de UGT, Justo Rodríguez Braga, y de CC OO, Antonio Pino. "El salario social tenía una función asistencial y otra de reinserción laboral, pero hasta ahora nunca se había atendido a la segunda, con formación e itinerarios de entrada al mercado laboral, que sí están recogidos en el salario social. Nos parece positivo introducir cierta preferencia en los planes de empleo para los beneficiarios del salario social", valoró Alberto González.

La apuesta por acciones que intervengan el tamaño de las empresas "mediante clúster ú otras fórmulas", la acreditación de competencias para trabajadores y la universalización del tramo de 2-3 años en la red pública que gestionan los ayuntamientos y la formación dual son otros capítulos que se incorporan en la nueva concertación.

El Gobierno remitió ayer a la patronal y los sindicatos un borrador de la memoria económica de la concertación, que roza los 2.000 millones de euros, divididos en cuatro grandes capítulos: el impulso social y la mejora de la competitividad estaría dotado con más de 422 millones de euros, la inserción laboral con más de 234 millones, el desarrollo territorial sostenible tendría 234 millones y la sostenibilidad social recibiría cerca de 1.100 millones.

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