Los reparos y las advertencias de inconstitucionalidad del Estado sobre la reforma electoral asturiana abren una brecha entre sus principales valedores, el PSOE, IU y Ciudadanos (C's). El PP y Foro, críticos con el articulado que será objeto de tramitación en la Junta General, calificaron ayer de "previsibles" las objeciones planteadas por el Gobierno central a cuestiones claves de la reforma, como la sustitución temporal de diputados, el voto anticipado o el voto electrónico para los emigrantes.
El PSOE destacó, a través de su portavoz parlamentario, que el informe elaborado por encargo de la dirección general de Coordinación de las Competencias con las Comunidades Autónomas, "es el primer informe jurídico sobre esta norma", en cuya elaboración, destacó Fernando Lastra, "no hubo participación de los servicios jurídicos" de la Cámara asturiana. Las consideraciones estatales sobre la reforma electoral del Principado merecen "respeto, seriedad y cautelas" porque "afectan a una ley orgánica", indicó el portavoz socialista, que recalcó que el PSOE asturiano "es partidario de actualizar la ley electoral asturiana".
El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, se mostró mucho más beligerante con el análisis estatal de la reforma electoral asturiana. "Con el Ministerio del Interior hemos topado", apuntó de entrada el diputado de la coalición, que vinculó el informe negativo sobre la nueva ley regional con un supuesto interés del PP en torpedear los cambios normativos. "Este informe no tiene precedentes. El PP nos presenta sus enmiendas por la vía del Ministerio del Interior", cuestionó Gaspar Llamazares, quien acusó al Gobierno central de tratar al parlamento asturiano "como a una diputación provincial, quitándonos nuestra capacidad de auto organización política al calor del ''proces catalán ". Para el portavoz de Izquierda Unida, el informe que advierte sobre la invasión de competencias estatales que supondría la ley electoral asturiana "supone una evidente extralimitación del Gobierno central, una clara intromisión en la autonomía política de las comunidades".
La posición de Nicanor García, el portavoz de Ciudadanos, fue diametralmente opuesta. "Vamos a tener en cuenta las consideraciones y observaciones de este informe en la tramitación de la ley", afirmó el diputado del partido naranja, partidario de solicitar un informe a los servicios jurídicos del parlamento asturiano "para ver dónde hay disfunciones en la nueva ley".
"Era previsible", valoró el diputado popular, Luis Venta, quien señaló "la irresponsabilidad del PSOE porque antepuso el interés de facilitar la presidencia de Javier Fernández al respeto a las reglas de juego. Sabía que muchas cuestiones de esta nueva ley iban a saltar en cuanto hubiera un informe jurídico", sostuvo el "número dos" del PP asturiano. Pedro Leal, de Foro, destacó su "coincidencia plena" con el informe estatal. "El texto objeto de la propuesta, pactado por el PSOE, IU y Ciudadanos, invadía cuestiones que son objeto de legislación orgánica y que no puede regular este parlamento, como ya advertí en el debate de la toma en consideración de la ley", valoró el diputado forista. El secretario general de Podemos, Daniel Ripa, llamó la atención acerca de las objeciones que el informe estatal pone al voto anticipado. "En Podemos llevamos meses denunciando esta modalidad de voto porque facilita las redes clientelares y el caciquismo. Esta modalidad de voto está hecha a la medida de la FSA". Podemos fue el único partido que se abstuvo en la toma en consideración de la reforma electoral.
