La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha trasladado ayer al Principado el archivo de las diligencias de investigación que había abierto a raíz de un informe enviado por Sindicatura de Cuentas por las supuestas irregularidades en la gestión de la sociedad de telecomunicaciones Gitpa.
Según ha adelantado hoy el consejero de Empleo, Industria y Turismo, Francisco Blanco, en respuesta a una nueva pregunta del PP sobre esta sociedad, el archivo se ha decidido porque la Fiscalía consideró que las supuestas irregularidades están suficientemente acreditadas.
La Sindicatura de Cuentas hizo una fiscalización extraordinaria sobre las contrataciones realizadas desde el Gitpa y, según ha recordado hoy el consejero, después de 1.500 horas de auditoría especializada, sólo denuncia como posible irregularidad el fraccionamiento en la contratación de la asesoría jurídica, concepto que supone un gasto de unos 30.000 euros.
Blanco ha incidido en que es muy difícil calcular el posible quebranto económico que haya podido producirse en la gestión de esta sociedad pública.
Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias (Gitpa) está siendo objeto de investigaciones judiciales por presuntas irregularidades en la extensión de la red troncal de cable de occidente.
De forma paralela a las investigaciones judiciales, el Parlamento asturiano ha constituido una comisión especial y ha aprobado a principios de mes una iniciativa del PP enmendada por Podemos para comprobar y analizar todos los pagos realizados por la administración a Gitpa.
Gitpa se encargó desde 2006 de la puesta en marcha de la red Asturcón de servicios de internet, televisión por cable y telefonía en toda Asturias y pudo facturar al Principado, que se ha personado como acusación en la causa abierta por el juzgado número 4 de Oviedo, cantidades por encima del coste de las obras ejecutadas.
Después de que el Gobierno remitiera a la Fiscalía en noviembre de 2014 documentación sobre las actividades en las que el Ministerio Público apreció indicios de malversación, falsedad documental y prevaricación, el juzgado número 4 de Oviedo ha abierto diligencias por un presunto delito de prevaricación administrativa.
