Quince meses después, el PP de Gijón vuelve a sufrir otra anulación de su congreso local, en este caso, del que supuso el nombramiento de Mariano Marín -candidato oficial de la ejecutiva regional- como presidente de la junta local del partido. Precisamente ese cónclave se celebró para cumplir con la sentencia que había anulado el anterior, en el que se había elegido a David González Medina. En esta ocasión, el magistrado se centra en la aplicación de un censo ficticio -que incluía al menos 146 afiliados muertos y más de 2.000 militantes que no estaban a corriente de pago- para calcular el número de avales que debía presentar cada candidato a presidente del PP gijonés, que fueron 500.
Según el juez, que obligó durante el proceso al partido a exhibir su documentación bancaria para certificar el número de afiliados a corriente de pago que había en el momento del congreso (7 de febrero de 2015), el censo real que se debió aplicar era de 947 militantes (a corriente de pago), mientras que el PP calculó los avales en base a su "censo oficial" de 3.526. Así, las firmas exigidas para aspirar a la presidencia (500) superaron con creces el 15% del censo real, el tope marcado por el reglamento interno del PP. De hecho, teniendo en cuenta que sólo pueden avalar afiliados a corriente de pago y que había en aquel momento 947, con la exigencia de 500 avales era imposible la concurrencia de más de un candidato.
Este hecho, según Sergio García, magistrado del juzgado de Primera Instancia número once, "no sólo suponía una vulneración de la normativa interna, sino que también vino a constituir un obstáculo injustificado al derecho de participación política de los afiliados, que debe conducir a declarar la nulidad del proceso en el que tal exigencia de avales fue impuesta así como, por extensión, la de los acuerdos adoptados en el congreso y los acuerdos adoptados ulteriormente por el presidente y la junta local del PP que resultó electa en tal congreso".
El juez da así la razón a los demandantes, los cinco exconcejales gijoneses del PP (Manuel Pecharromán, Maite Menéndez, Raquel Vega, Gabriel Díaz y Francisco Rodríguez Cubiella), críticos con la ejecutiva regional de Mercedes Fernández y representados por el letrado Manuel Estrada. Si bien, estima parcialmente su demanda, dado que acepta las denuncias por inclusión de fallecidos y afiliados morosos en el censo, pero desestima varios argumentos de los demandantes. Aún así, es suficiente para que, además de anular el congreso, el juez deslegitime a Mariano Marín y su directiva.
Tampoco admite Sergio García el argumento esgrimido por el PP, que cargó contra los exediles demandantes por no haber limpiado el censo ellos cuando desempeñaron cargos de dirección en el partido. "La existencia de una posible negligencia previa en la actualización y puesta al día del censo de afiliados en modo alguno puede legitimar un posterior comportamiento similar", replica el magistrado.
Posible recurso
Contra la sentencia el PP puede presentar recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, derecho que parece que ejecutarán a tenor de lo manifestado ayer por Mariano Marín, presidente del PP gijonés deslegitimado por la sentencia. Si bien, tras la anulación judicial del anterior congreso la ejecutiva regional de Mercedes Fernández había optado por no recurrir la sentencia y convocar otro cónclave, que ahora ha vuelto a ser anulado. Sin embargo, sin la urgencia de unas incipientes elecciones municipales, como ocurrió en la anterior ocasión, la decisión podría ser distinta.
A Mariano Martín, pletórico tras un encuentro con simpatizantes que llenaron la Escuela de Hostelería para ver a Pablo Casado, le cambió el semblante ayer al conocer la noticia de la anulación del congreso local. "No puedo hacer ninguna valoración porque acabo de enterarme hace diez minutos de la sentencia y desconozco en qué términos está dictada", apuntó. No obstante, y ante la negativa de Mercedes Fernández a valorar el revés judicial al partido, apuntó que "es una sentencia dictada en primera instancia y lo lógico es, y hablo en hipótesis, en caso de que haya disconformidad, que me imagino que la habrá, se recurriría y hasta que no sea firme la situación sigue exactamente igual. No hay ninguna diferencia", afirmó Marín.
