Los expropiados por la Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo (Sogepsa) para la ejecución del área residencial de La Magdalena, en Avilés, han detectado importantes sobrecostes en la venta de los pisos de esta urbanización. Según sus cálculos, suponen un beneficio adicional para los promotores de 21,15 millones de euros.
"Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) estableció que el proyecto era viable vendiendo las viviendas protegidas a 1.506,96 euros el metro cuadrado en el caso de las concertadas (VPC) y a 1.339,52 euros en el de las autonómicas (VPA), con un beneficio estimado de 28 millones. Sin embargo, el precio real de venta ha sido de 1.770 y 1.570 euros el metro cuadrado, respectivamente, lo que supone un beneficio adicional total de 21,5 millones", explica Miguel García, portavoz de los afectados por las expropiaciones, que reclama a las autoridades políticas una investigación "a fondo" sobre esta operación.
"Por el método de cálculo del valor de los terrenos utilizado por Sogepsa, esos 21,15 millones de euros se han deducido del valor de los terrenos, pero sí que son pagados por lo compradores de las viviendas protegidas", subraya Francisco José Sánchez, otro de los propietarios expropiados en La Magdalena. Es más, este vecino afirma que "del análisis de los datos económicos correspondientes a uno de los proyectos que han sido presentados en el Ayuntamiento, el margen de beneficio por vivienda en La Magdalena es de 68.000 euros, lo que multiplicado por 950 eleva las ganancias a 65 millones de euros".
La sociedad mixta del suelo entró en preconcurso de acreedores a finales del pasado febrero, al no poder hacer frente a una sentencia que le obligaba a pagar nueve millones de euros a la unión temporal de empresas (UTE) que estaba ejecutando las obras de urbanización del polígono industrial de Bobes (Siero). La deuda global de la entidad es de 149 millones, según indicó recientemente en la Junta General la consejera de Infraestructuras, Belén Fernández, que ostenta la presidencia de Sogepsa, sociedad público-privada con mayoría accionarial del Principado, que tiene avaladas sus operaciones en 98 millones de euros.
Además de a esos sobreprecios en el precio de los pisos, los expropiados también quieren que se extienda la investigación a las primas de riesgo, que es la compensación que recibe el inversor por la inseguridad del proyecto, proporcional a su duración. En el caso concreto de La Magdalena, los propietarios afectados aseguran que el plazo marcado en la memoria de gestión era de cuatro años, pero que, sin que conozcan las razones, se elevó a nueve en el expediente de expropiación. De esta forma, "la prima de riesgo sube a 24 millones de euros, hasta llegar a los 24.000 euros por vivienda, mientras el valor de los terrenos se reduce a los 7,75 millones de euros", apunta Miguel García. Este expropiado pone de manifiesto que "hasta la fecha, los edificios están listos en cuatro años y no en nueve".
La repercusión del incremento del justiprecio es otro de los "puntos oscuros" detectados. "Los tribunales han incrementado el precio de los terrenos en un 40% con posterioridad a la venta de las parcelas, pero nadie nos ha aclarado si este incremento se ha repercutido a los compradores de las parcelas o si, por el contrario, ha supuesto una pérdida para Sogepsa que queda en su cuenta de resultados", apunta Sánchez.
Sogepsa lleva cinco años sin vender parcelas en el área residencial de La Magdalena, donde están pendientes de construcción 450 viviendas. Según los expropiados, los incrementos de precios "han sacado de mercado" a los pisos protegidos.
