Hay que pedir aunque no te den... para recordar la petición cuando cambie el panorama. Esa es la estrategia que ha movido a 913 docentes interinos a reclamar su adhesión al plan de evaluación de la función docente, ese sistema por el que practicamente todos los profesores funcionarios de la red pública asturiana cobran un plus mensual (distinto para Primaria y para Secundaria) que compensa discriminaciones salariales con los profes de algunas otras comunidades.
Los interinos no tienen derecho a adherirse al plan de evaluación docente, pero los sindicatos les animaron a reclamarlo. Es una vieja aspiración en la que coinciden todas las siglas de la parte social y que hasta el momento no ha encontrado eco en la Administración educativa asturiana.
Esos 913 profesores son interinos que, en buena lógica, sí pueden acreditar los cinco años de antigüedad laboral dentro del sistema público de educación (se les deniega la petición no por novatos en el desempeño de su labor sino por no ser funcionarios de carrera de cuerpos docentes).
Las listas de incluidos y excluidos de esta nueva convocatoria del plan de evaluación fue publicada ayer en el BOPA. Una convocatoria que acepta en el "club de la evaluación" a 212 nuevos profesores que cumplen todos los requisitos. La operación le sale bien a la Consejería de Educación porque desaparecen de la lista, por jubilación, otros 418 funcionarios. El sindicato ANPE calcula que Educación se ahorra unos 500.000 euros en las nóminas de este año.
Un asunto en Europa
El total de docentes excluidos asciende a 932. Diez de ellos por no tener la antigüedad mínima exigida; cinco por estar ya en la lista (probablemente no se enteraron de que no es preciso solicitar anualmente la adhesión al plan si uno ya es beneficiario de él). Hay otras cuatro solicitudes que fueron presentadas fuera de plazo reglamentario.
ANPE recuerda que un buen número de los profesores interinos que reclamaron su inclusión en el plan de evaluación ya habían presentado una demanda judicial el curso pasado. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea deberá pronunciarse al respecto.
Los interesados excluidos tienen a partir de hoy un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones. Los sindicatos animan a que se presenten, con vistas a futuras reclamaciones.
Algunas fuentes sindicales dan por hecho que los tribunales acabarán dando la razón a los reclamantes en base al principio de igual trabajo, igual salario. "Es cuestión de tiempo", añaden. Hasta se baraja una cantidad aproximada que la Consejería de Educación tendría que destinar al pago del plus de productividad a los profesores interinos: no menos de tres millones de euros anuales.
La normativa europea -señala ANPE- establece que "no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos".
