Los expertos en Derecho Constitucional rebaten y albergan dudas de los reparos que el Estado plantea al proyecto de reforma de la ley electoral asturiana. Constitucionalistas y politólogos consideran que la Junta General del Principado tiene competencia para decidir su organización política sin que ello suponga la invasión de las competencias básicas de la ley de Régimen Electoral General. La discusión jurídica está servida y la tramitación en el Parlamento regional de la ley, propuesta por el PSOE, IU y Ciudadanos, deberá tener en cuenta las incertidumbres sobre la constitucionalidad de la proposición de ley asturiana que ha suscitado el informe del Estado.
El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, Francisco Bastida, no se anda con rodeos para valorar las consideraciones del secretario general técnico del Ministerio del Interior sobre la iniciativa legislativa asturiana. "El informe ministerial tiene dos defectos. Está hecho deprisa y corriendo. El autor no ha leído correctamente algunos enunciados de la reforma, lo que le ha llevado a detectar errores donde no los hay", sostiene Bastida quien, no obstante, califica de "asuntos menores" algunas de las advertencias estatales, que pasan casi de largo sobre aspectos claves de la reforma electoral asturiana como la consecución de un sistema más proporcional y el desbloqueo de las listas, que permite al elector ordenar los candidatos que van tras el cabeza de lista.
Para Bastida, una de las críticas del informe enviado por la Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas al Principado reside en que "el Ministerio trate al Parlamento asturiano como si fuese una mera Diputación Provincial", una queja que ya planteó días atrás el portavoz de IU en la Junta General, Gaspar Llamazares, tras conocer el análisis estatal.
El profesor titular de Derecho Constitucional Miguel Ángel Presno sostiene que dentro del marco de la Constitución los parlamentos autonómicos tienen "un margen no despreciable para regular aspectos como la estructuración de las listas electorales, la forma de ejercicio del voto, la fórmula de proporcionalidad, las causas de ineligibilidad o las incompatibilidades". Presno responde a los reparos al voto electrónico que esa modalidad ya está incorporada en la ley electoral vasca sin que nadie la cuestionase y destaca que el informe del Estado no censura el desbloqueo de las listas. En su opinión, el informe del Ministerio "no parece que sea un obstáculo insalvable para seguir adelante con la propuesta", que está a punto de iniciar su tramitación en la Junta con la petición de comparecencias por parte de los distintos grupos políticos.
Dos de los comparecientes cuando se debatió la reforma electoral en la anterior legislatura autonómica fueron el catedrático de Derecho Constitucional, Ramón Punset, y el politólogo Pablo Simón Cosano, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. Punset no ha tenido acceso al informe ministerial pero considera que "el Estado tiene tendencia a expansionarse e interés en extender el concepto de legislación básica al máximo que pueda". El constitucionalista asturiano subraya que "hay una pugna grande con las autonomías para ver hasta dónde puede llegar y en muchas ocasiones es el Tribunal Constitucional el que acaba dirimiendo qué competencia es básica (del Estado) dentro de un texto legislativo y cuál no", señala Punset.
Por su parte, Cosano mostró su "extrañeza" por el informe "preventivo" sobre el borrador de la reforma asturiana "que no es su redacción final, porque aún ha de ser objeto de ponencia, puede recibir aportaciones técnicas y su contenido puede ser objeto de negociación entre los grupos políticos". El politólogo tacha de "inaceptable" la consideración del informe estatal acerca de que el sistema de asignación de escaños resulte confuso. "Se puede actuar en la redacción pero no se puede cuestionar algo con el argumento de que no se entiende", plantea Cosano, quien señala al voto anticipado como una de las cuestiones que puede entrañar "el mayor problema" de encaje en una ley autonómica sin tener el respaldo de la normativa básica del Estado. "Dependerá del articulado final, pero podría caer del texto definitivo", apunta el politólogo que, no obstante, defiende que la reforma asturiana "puede ser referencia y contaminar a la ley electoral que se haga en el futuro en España" .
