El consejero de Sanidad del Principado, Francisco del Busto, manifestó ayer su "decepción" ante la negativa del ministro del ramo, Alfonso Alonso, a derogar, anular o paralizar la aplicación del real decreto que limita las competencias de los enfermeros españoles a la hora de prescribir medicamentos. Éste fue uno de los resultados de la reunión plenaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en la que participaron el ministro y los responsables autonómicos del ámbito sanitario.

La citada norma ha sido llevada a los tribunales por el Gobierno asturiano y otros ejecutivos regionales. Según Del Busto, en el encuentro de ayer todas las comunidades, salvo las gobernadas por el PP, se sumaron al rechazo al real decreto. También se ha posicionado en contra de la norma toda la profesión enfermera, que considera que la nueva regulación les genera "una grave inseguridad jurídica" y está provocando "un deterioro asistencial".

En otro asunto que en los últimos días se ha visto envuelto en la polémica, como es la financiación por parte de la Administración central de los tratamientos de última generación para la hepatitis C, lo máximo que pudieron conseguir los responsables autonómicos es que el ministro Alonso traslade a su compañero de gabinete Cristóbal Montoro (ministro de Hacienda) el compromiso que había asumido en marzo de 2015 de que el dinero prestado a las comunidades autónomas para pagar estas terapias no computase a efectos de déficit. El objetivo es que Montoro tenga en cuenta esta postura de cara al Consejo de Política Fiscal y Financiera de mañana viernes.

En lo que sí tuvo éxito el consejero de Asturias fue en su petición de que el centro de discapacitados Stephen Hawking de Langreo sea incluido en la Estrategia Nacional de Enfermedades Neurodegenerativas. El ministro también aceptó que el citado documento incluya un apartado sobre posibles conflictos de intereses de las personas que trabajen en el centro o colaboren con él.

Francisco del Busto criticó, al igual que las restantes autonomías de signo socialista, la propuesta del Ministerio de Sanidad de repartir entre las autonomías más de un millón de euros para la atención sanitaria a los refugiados, ya que "sólo supondría 60 euros por persona y año".