El teniente coronel Francisco Javier Puerta, jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Gijón, firmó la autorización de pago de las obras en el cuartel de Cangas de Onís el 17 de diciembre del año pasado, casi dos meses antes de que se iniciasen las obras. Los trabajos, consistentes en la rehabilitación de las balconeras, la reposición de pasamanos y elementos metálicos y la colocación de cuatro puertas en los arcos de entrada del acuartelamiento, se iniciaron el 8 de febrero pasado, cinco días después de que la Unión de Guardias Civiles (Unión-GC) preguntase oficialmente a la comandancia sobre el hecho de que no se hubiesen realizado unas obras ya pagadas. Los trabajos se realizaron en un tiempo record, cinco días, dándose por acabadas el 12 de febrero. Todos estos hechos se incluyen en la querella criminal por falsedad en documento público -delito que lleva aparejadas penas de entre tres y seis años de prisión- presentada por Unión-GC contra el teniente coronel ante el Juzgado número 4 de Gijón, que la ha admitido a trámite.
"Según la ley de contratos públicos, la orden de pago debe ser posterior al certificado de obra finalizada. En este caso, el certificado que figura en el expediente carece de fecha", explicó uno de los abogados de Unión-GC, Juan José del Sol, durante una rueda de prensa celebrada en la sede de UGT de Oviedo.
Hay otros aspectos que ponen en guardia a esta asociación. La empresa que hizo los trabajos procede de Cantabria, donde Puerta estuvo de comandante varios años, antes de ascender y trasladarse a Gijón en 2012. La citada empresa nunca trabajó en Asturias hasta la llegada del teniente coronel. Por otro lado, a esta firma le constan diez facturas a lo largo de 2015, y las dos últimas, del mes de diciembre, corresponden a los contratos de Cangas de Onís, uno por importe de 30.000 euros y otro por 9.520. Además, se pidieron ofertas a dos empresas, y la adjudicataria presentó la suya en segundo lugar, ligeramente por debajo de la primera, según indicaron ayer los responsables jurídicos de la asociación.
Otra de las letradas de Unión-GC, Ángela Álvarez Díez, indicó que se han solicitado diversas pruebas al Juzgado número 4 de Gijón, entre las que se cuenta la declaración del teniente coronel como investigado, condición que ya tiene por el simple hecho de haberse aceptado a trámite la querella.
"Ni vamos a permitir excesos ni a ocultar irregularidades", indicó el secretario general estatal de Unión-GC, Ramón Rodríguez Prendes. "Creemos que hay una falsedad documental palmaria, independientemente de que estemos hablando de otros ilícitos", añadió, en referencia a una presunta malversación. "Es una irregularidad manifiesta", añadió Faustino Graña, secretario jurídico de la asociación.
Acoso laboral de libro
La rueda de prensa de ayer también se centró en la denuncia penal, aceptada a trámite por el Juzgado número 3 de Oviedo, contra el capitán responsable de la Intervención de Armas en la comandancia de Oviedo. La víctima es un guardia con 33 años de experiencia, que puso en marcha el servicio, y que ha sido condecorado en diferentes ocasiones. La letrada Sylvia Garrido, que lleva este asunto, indicó que el agente comenzó a recibir un trato humillante y vejatorio, hasta el punto de dejarle sin función. El guardia tuvo que coger la baja debido a la ansiedad que le provocó esta situación. Según Unión-GC, otro tres guardias tuvieron que jubilarse previamente debido al acoso de este mando.
