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La juez prorroga la investigación de los contratos de La Productora con Sanidad

Quelle Coto cita como testigo-perito al Síndico Mayor para informar sobre las irregularidades detectadas, en las que la Fiscalía ve indicios de delito

17.04.2016 | 05:51

La "Mareína" sigue viva. La titular del Juzgado número 2 de Oviedo, Simonet Quelle Coto, ha prorrogado la instrucción de la investigación de los contratos, por importe de poco más de un millón de euros, que la Consejería de Sanidad del Principado suscribió con empresas del grupo La Productora entre los años 20017 y 2010. A petición del ministerio público, la causa ha sido declarada compleja, por lo que podrá ser investigada por un espacio de año y medio, tal como establece la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

También a petición de la Fiscalía, que considera que las irregularidades detectadas por la Sindicatura de Cuentas en los contratos podrían ser constitutivos de infracción penal, ha citado a declarar en calidad de testigo-perito al Síndico Mayor, Avelino Viejo, para el próximo 24 de mayo a las nueve y media de la mañana.

Los contratos en los que se habrían cometido irregularidades son siete. Hay una asistencia técnica en la organización de los centros de formación del consumidor (CFC) de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, otra asistencia técnica relativa al taller de mediación en los conflictos de consumo, una tercera de actualización de los talleres de los CFC, un cuarto contrato de organización formativa para las CFC y una asistencia formativa para las CFC. Todas ellas están reseñadas en el informe de fiscalización que la Sindicatura de Cuentas de Asturias realizó de los contratos de la Consejería de Sanidad con las empresas de La Productora. El importe de estos contratos asciende a 1.049.753 euros.

Estas adjudicaciones provocaron la apertura de una pieza separada del "caso Marea", por corrupción en el Principado durante el gobierno de Areces. Los abogados bautizaron esta pieza como "Mareína" y su origen fue un anónimo enviado a la comisión parlamentaria que investigó la pieza principal.

El grupo La Productora está constituido por cuatro empresas, dos de ellas con contratos con la Consejería de Sanidad. Según la Sindicatura, "las irregularidades e incidencias detectadas en la tramitación de los expedientes de contratación analizados estarían propiciando una posición de ventaja a favor de una de las empresas". La Sindicatura detectó "falta de concurrencia y de negociación real, manifestada en mínimas rebajas de importes". En ningún expediente se hizo valoración económica del coste del servicio, lo que supone que se desconozca el criterio que se utilizó para determinar los importes de las licitaciones. La Sindicatura apreció además "una falta de control sobre la ejecución de los contratos analizados".

En esta pieza separada del "caso Marea" habían sido denunciados Eva María Sánchez Díaz, ex directora de la Oficina de Planificación y Gestión del Patrimonio Cultural, y Juan José Llaneza, ex director de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, así como tres ex jefas de servicio: dos de Consumo, C. M. G. y A. I. F. F.; y la de Coordinación de las Unidades Territoriales de la Agencia de Consumo, Rosa Urdiales, que fue directora general de Ganadería, y que ha pedido, a través de su abogado, Ricardo Álvarez-Buylla, el sobreseimiento de las actuaciones contra ella "por el difuminado contenido de la denuncia" y porque nadie le ha informado de los hechos punibles que se le imputan. La juez ya ha respondido que no ha lugar, por no ser el momento procesal oportuno, toda vez que la Fiscalía ha solicitado nuevas diligencias.

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