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Un análisis jurídico decidirá si se cobró de más a usuarios del ERA

El Principado no descarta que termine reintegrando parte de lo ya abonado por 1.084 familias de fallecidos en geriátricos

La consejera Pilar Varela, ante la sede del Parlamento, con afectados por las deudas en los geriátricos públicos. IRMA COLLÍN

El Principado no descarta que tenga que devolver dinero de las deudas cobradas a herederos de ancianos fallecidos en geriátricos públicos entre los años 2007 y 2011. La devolución dependerá de que jurídicamente sea viable aplicar con carácter retroactivo el sistema de copago de la Ley de Dependencia. Si finalmente esto es posible, la Consejería de Servicios y Derechos Sociales determinará la cantidad cobrada indebidamente una vez que se vuelvan a revisar los expedientes y se echen cuentas.

El decreto que regula el copago establece que esta fórmula se aplicará a los usuarios de los centros públicos. Entró en vigor el 1 de enero de 2011 y entonces se dio un plazo para que los residentes que ya tenían concedida la dependencia optaran por continuar con el contrato de hospedaje tradicional o bien pasaran al nuevo sistema, en teoría más beneficioso. La administración decidió por aquellos que no respondieron, que fueron 1.112, al entender que la novedad era la fórmula que más favorecía a esos usuarios. Otros 986 optaron por el nuevo modelo.

El problema surge con las personas que tenían la dependencia reconocida y que fallecieron entre 2007, cuando entró en vigor la Ley de Dependencia, y 2011, que se puso en marcha el copago. En total se trata de 1.804 afectados. Durante esos años no se les facturó, y una vez que entró en vigor el nuevo sistema, no se les aplicó porque el decreto regulador establecía que era para los usuarios, lo que se interpretó como que sólo podía contar a partir de ese momento.

La deuda de esas 1.804 personas se liquidó usando como base el tradicional contrato de hospedaje. Del total, prescribieron 517. Así que ahora se están revisando 1.287, de las que 345 ya fueron abonadas por los herederos en periodo voluntario y 114 por vía ejecutiva. Las otras 828 están en proceso de vía ejecutiva. Todas ellas se encuentran ahora paralizadas.

La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, explicó el pasado lunes durante su comparecencia voluntaria en la Junta General del Principado que estos expedientes "son los de mayor complejidad, porque jurídicamente no está claro si el copago se puede aplicar con carácter retroactivo o no", que es lo que se está estudiando ahora.

Hacienda ya ha dado su consentimiento para que el Principado pueda acceder a las declaraciones de renta de esas personas fallecidas para contrastar los datos económicos y patrimoniales y poder realizar de nuevo los cálculos. "Puede ser que en algún caso haya que devolver dinero, si se admite el carácter retroactivo de la aplicación del decreto de copago y el usuario cumplía los requisitos al tener concedida ya la dependencia", admite el Gobierno.

El Principado no tiene calculadas, ni por aproximación, las cuantías que podrían salir a devolver en el caso de que fuera factible. "Se está analizando cada caso de manera individual, y hasta que no esté completado todo el trabajo, tanto jurídico como económico, no se conocerán los datos definitivos", insistió Varela.

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