La Junta General del Principado alentó ayer al Gobierno a llevar incluso hasta los tribunales la batalla contra el reparto de los límites de déficit entre el Estado y las comunidades autónomas para 2016. La Comisión de Hacienda dio de paso una proposición de IU que además de instar al Principado a reclamar la apertura de un nuevo proceso de negociación con el Estado le encomienda guardarse el recurso a los tribunales, ese que ya utilizó en 2013, por si el diálogo no desemboca en un acuerdo satisfactorio.
La propuesta de la coalición salió adelante con unanimidad en cuanto a la necesidad de renegociar el reparto y con los votos en contra del PP y las abstenciones de Podemos y Ciudadanos en lo relativo la conveniencia de situar el límite último en los Juzgados. El grupo popular sí se pronunció a favor, sin embargo, del punto de la propuesta que pide negociar la puesta en marcha de "un nuevo modelo más justo y equitativo" -dice la letra del texto-, alternativo al que apadrina el ministro de Hacienda en funciones del Gobierno del PP, Cristóbal Montoro.
Gaspar Llamazares, portavoz de IU, se agarra a la reciente sentencia del Constitucional que desactiva el reparto de déficit de 2015 e interpreta que eso debilita el de 2016, que "tenemos condiciones para presionar a Montoro y conseguir que no pueda cumplir sus objetivos de retener créditos a las comunidades".
Mientras el Principado espera cita para su reunión bilateral con el Ministro, para profundizar en los motivos de su rechazo a la exigencia de recortes adicionales por el incumplimiento de los topes de déficit de 2015, ayer todos los grupos, salvo el PP, descalificaron de palabra el modelo por favorable al Estado. Foro lo llama "discriminatorio", Podemos sugiere que "el Ministerio mide con distintas varas su gestión y las de los demás" y el PSOE confirma que "el Gobierno no dudará en recurrir de nuevo a los tribunales". La diputada popular Emma Ramos replica que "incumplir el déficit no es una opción" y emplaza al Principado a "no ser insumiso".
