La factura de la devolución de los derechos a los empleados públicos del Principado asciende a 100 millones de euros, según los datos ofrecidos por el portavoz del Gobierno asturiano ayer, horas antes de que el Ministerio de Hacienda anunciara la ampliación del límite de déficit del 0,3 al 0,7 por ciento, una medida que, en caso de ser aprobada por Bruselas, permitirá al Principado elevar su gasto en 90 millones de euros.
La administración regional tiene previsto pagar el último plazo de la extra suprimida en enero de 2017, aunque no descarta adelantar el reembolso de 24,5 millones "si hay disponibilidad presupuestaria", según confirmó Guillermo Martínez. De momento ya ha devuelto 60 mientras que los 15 correspondientes a la subida del 1% del sueldo a los empleados públicos están pendientes de la aprobación de una ley en la Junta General.
El consejero Guillermo Martínez defendió el calendario del Principado en la devolución de los derechos suprimidos a los empleados públicos del Principado frente a las decisión del Gobierno central, que acaba de anunciar el reintegro de la mitad de extra en vísperas de una nueva convocatoria electoral.
El Gobierno central anunció ayer un nuevo objetivo de déficit en 2016, que pasa a ser el 0,7 para las autonomías frente al 0,3 fijado inicialmente. Esta medida se traducirá en que el Principado podrá elevar su gasto en cerca de 90 millones de euros en el presente ejercicio, un balón de oxígeno para unas cuentas regionales muy ajustadas por el programa de estabilidad marcado por el Ministerio de Hacienda a instancias de la Comisión Europea. Asturias tiene pendiente de señalar una reunión bilateral con el Ministerio.
