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La juez del "caso Musel" se inhibe en favor de los Juzgados de Gijón

La magistrada, que rechazó el sobreseimiento, acepta los argumentos de las defensas de los exdirigentes del puerto

21.04.2016 | 18:29
La juez del "caso Musel" se inhibe en favor de los Juzgados de Gijón

La juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso de las supuestas irregularidades en las obras de ampliación de El Musel ha decidido inhibirse en favor de los Juzgados de Gijón, como pretendían los abogados de la defensa de varios imputados en la causa, entre ellos el exdirector del puerto, José Luis Díaz Rato.

La magistrada Carmen Lamela, tercera juez que se ocupa del caso desde el inicio de la instrucción, ya había solicitado a principios de este mes a las partes que consideraran si la Audiencia Nacional es competente para instruir la causa o si el asunto debería remitirse a instancias judiciales gijonesas.

Las acusaciones populares, que ejercen el Observatorio Ciudadano Anticorrupción de Asturias (vinculado a Podemos) y Ciudadanos por Asturias (que lidera el expresidente del puerto de Avilés, Raimundo Abando) consideraron en sus escritos que la competencia corresponde a la Audiencia Nacional desde el momento en que la Fiscalía Anticorrupción inició con su denuncia la apertura de las diligencias. Los que pretendían que el caso siguiera en Madrid apoyaban su propuesta en que el asunto que se dirime habría provocado supuestos perjuicios a la economía nacional, por lo elevado del fraude investigado.

La juez ha preferido tener en cuenta el planteamiento de tres de las defensas, a las que sin embargo no aceptó la petición previa de sobreseimiento de la causa ni la desimputación de sus defendidos. Los abogados del exdirector y el expresidente de El Musel y del exalcalde de Carreño argumentaron ante la Audiencia Nacional, en defensa del traslado de la causa a Gijón, que está ciudad sería el lugar de origen de la supuesta comisión de los hechos denunciados y de la documentación generada. También ha sido en Gijón donde la UTE Dique Torres presentó en su día un recurso contencioso-administrativo contra el Puerto para exigir el pago de más sobrecostes.

Contra la decisión de la juez, que no es firme, cabe recurso, lo que previsiblemente harán los abogados de las acusaciones particulares.

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