España incumplió en 2015 sus compromisos de estabilidad presupuestaria. El objetivo de déficit era bajar del 5,79% del producto interior bruto (PIB) al 4,2%, Pero el saldo final fue del 5%. Y ayer la oficina estadística de la UE certificó que ese déficit es el segundo mayor de la UE, por detrás del griego (7,2%). El balance de tal incumplimiento puede resumirse con estos otros números: en un año con un crecimiento económico vigoroso (3,2%) y en un entorno de ultrabajos tipos de interés que aligeran considerablemente los costes financieros, España sólo fue capaz de rebajar su desfase presupuestario en 79 centésimas (del 5,79% al 5%).
¿Qué explica ese resultado? La discusión sobre la paternidad del déficit tiene calado político y económico. El Gobierno en funciones, a través del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, puso desde el primer minuto el foco sobre las autonomías, que a su vez reaccionaron dirigiendo a la Administración central dos reproches recurrentes. De una parte, alegan el desequilibrio en el reparto de los esfuerzos de austeridad: a las regiones, que dedican la mayor parte de su presupuesto a la sanidad y la educación, se les exigió una reducción del 60% en el déficit (del 1,75 al 0,/ ), frente al 19% del Gobierno central (del 3,57 al 2,9). De otra parte, rebrotó la queja de aquellas autonomías que se consideran injustamente tratadas por el sistema de financiación.
La contabilidad dice que, de manera agregada, las comunidades incumplieron con claridad el objetivo de déficit. Era del 0,7% y el año acabó en el 1,66%, de modo que sobre el papel las administraciones regionales gastaron 10.000 millones de euros de más. Pero antes de presentar a las autonomías como las manirrotas de 2015 caben precisiones como las que ha formulado el economista asturiano Ángel de la Fuente: parte de ese déficit se explica por una "debilidad técnica" del sistema de financiación que redujo en 2.700 millones los ingresos de las regiones y otra parte (3.600 millones) corresponde a partidas "atípicas" que, por la disciplina contable de la UE, se computaron íntegramente en 2015 aunque no correspondan efectivamente a gasto realizado en ese ejercicio. Hechas esas salvedades, De la Fuente sí ha observado que el gasto corriente de las autonomías "ha comenzado a repuntar".
Así que en 2015, año de elecciones autonómicas, locales y generales, cabe concluir que hubo relajación presupuestaria en las regiones, pero eso sólo explica de manera parcial el déficit. Las cuentas públicas tienen otras casillas en números rojos cuya paternidad ya no es de las autonomías, sino del Gobierno central. El conjunto de los ingresos tributarios subió (4%), pero la recaudación del IRPF, el principal de ellos, descendió el 0,44%. La Agencia Tributaria ha estimado que dejó de recaudar 6.000 millones por las rebajas del IRPF y del impuesto de sociedades que el Ejecutivo impulsó en año electoral y contra la opinión de Bruselas.
La otra casilla en rojo es la de la Seguridad Social: el desajuste en la caja de las pensiones se disparó hasta un máximo histórico (17.000 millones), porque el gasto en prestaciones sigue subiendo y porque, pese al aumento del empleo, el bajo nivel de los salarios, inducido por la reforma laboral, erosiona las bases de cotización y con ello los ingresos del sistema. Es la parte del déficit que más alarma a un sector de expertos y hace presagiar nuevos ajustes en uno los grandes pilares del Estado de bienestar.
